Senado exige investigación por muerte de 17 mexicanos bajo custodia del ICE

Por Bruno Cortés

El Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para exigir una investigación imparcial y exhaustiva tras el fallecimiento de 17 ciudadanos mexicanos en incidentes vinculados a instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. La resolución parlamentaria busca esclarecer las causas de las muertes y determinar si existieron negligencias en los protocolos de atención médica y seguridad.

Los datos preliminares presentados ante la Cámara Alta subrayan una preocupante recurrencia de incidentes fatales en los centros de detención estadounidenses. Según el reporte legislativo, el 60% de los decesos reportados en el último año están asociados a falta de acceso a servicios de salud oportunos y condiciones de hacinamiento en las instalaciones de procesamiento migratorio.

El cuerpo legislativo ha solicitado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que intensifique las gestiones diplomáticas para garantizar que las autoridades estadounidenses permitan la participación de observadores independientes en las indagatorias. La soberanía y la protección de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior son los ejes que sustentan esta exigencia de rendición de cuentas.

Estadísticamente, el incremento en la población detenida en centros del ICE durante el primer semestre de 2026 ha correlacionado con un aumento en las denuncias por maltrato y falta de atención. Los senadores han señalado que, sin una auditoría transparente, es imposible garantizar la integridad física de las miles de personas que actualmente se encuentran bajo custodia federal en EE. UU.

El punto de acuerdo también exhorta a la creación de una comisión binacional de seguimiento para vigilar el cumplimiento de los protocolos de derechos humanos establecidos en los acuerdos migratorios vigentes entre ambas naciones. Esta medida busca establecer un estándar de supervisión permanente que prevenga futuros decesos bajo custodia.

El análisis de los incidentes indica que la mayoría de las víctimas eran personas que buscaban asilo o que se encontraban en procesos administrativos de deportación. El Senado ha enfatizado que el estatus migratorio no debe ser causa para la privación de derechos fundamentales, incluyendo el acceso a la vida y la seguridad personal.

Finalmente, el Congreso ha condicionado parte de la agenda bilateral en temas migratorios al avance sustancial en las investigaciones de estos 17 casos. El Ejecutivo federal deberá presentar en los próximos 15 días un informe detallado sobre las acciones diplomáticas emprendidas y los avances obtenidos en la colaboración con las autoridades estadounidenses.