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Huachicol de agua: preguntas y respuestas sobre la propuesta de Susana Zatarain

Qué conductas se castigarían, con qué penas, qué es una UMA y en qué etapa está la iniciativa de la senadora Susana Zatarain contra el robo de agua.

Vista aérea de una gran excavación circular con maquinaria en una obra de infraestructura
Imagen ilustrativa

Por Bruno Cortés

La senadora Susana Zatarain García, del PAN, presentó una iniciativa para castigar penalmente el robo de agua, conocido como “huachicol de agua”. Aquí, en preguntas y respuestas, lo que propone y lo que todavía no se sabe, con base en el boletín 0470 del Senado de la República, difundido el 16 de noviembre de 2026.

¿Qué propone la senadora?

Reformar el Código Penal Federal para imponer de seis a 10 años de prisión y multa de 300 a 800 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quien, sin concesión, asignación, permiso, autorización o título legalmente exigible, extraiga, sustraiga o aproveche ilícitamente aguas nacionales, superficiales o del subsuelo, o agua de redes, tuberías, tomas, pozos, depósitos o cualquier infraestructura hidráulica pública o privada.

¿Solo se castigaría a quien toma el agua?

No. La misma pena aplicaría a quien perfore, habilite, altere o manipule pozos, tomas, instalaciones hidráulicas o dispositivos de medición para extraer o sustraer el recurso ilícitamente. También a quien almacene, transporte, suministre o comercialice agua obtenida de manera ilegal.

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¿Hay castigos más altos en algunos casos?

Sí. La propuesta establece que las penas aumenten hasta en una mitad cuando la conducta se realice de manera organizada, cuando afecte el suministro de una población o cuando cause un daño significativo a un acuífero, río, lago, humedal u otro ecosistema relacionado.

¿Qué pasa con quien vende agua robada?

La iniciativa distingue por volumen para quien dolosamente traslade, distribuya, almacene o comercialice agua con fines de lucro, a sabiendas de su origen ilegal. Con menos de 50 mil litros, la pena sería de tres a cinco años de prisión y multa de 200 a 500 UMA. Con 50 mil litros o más, de seis a 10 años de prisión y multa de 300 a 800 UMA.

¿Por qué lo plantea?

Según el boletín, la senadora considera necesario fortalecer el marco jurídico federal porque el robo y la extracción ilegal de agua afectan el patrimonio público y la infraestructura hidráulica del país, y comprometen el derecho de las personas al acceso, disposición y saneamiento del recurso. Señaló que el crecimiento de las tomas clandestinas, la perforación ilegal de pozos y la venta del agua sustraída evidencian la necesidad de mecanismos para prevenir, investigar y sancionar estas conductas.

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¿Qué tan grande es el problema?

La legisladora citó que entre 2019 y septiembre de 2022 se registraron más de 131 mil tomas ilegales en el país, un delito que se concentró principalmente en Aguascalientes, Estado de México y Nayarit. El boletín no indica la fuente del dato ni ofrece cifras más recientes.

¿Qué es una UMA?

La Unidad de Medida y Actualización es la referencia económica que se usa en México para calcular multas y otras obligaciones previstas en las leyes, en lugar del salario mínimo. Su valor se actualiza cada año, por lo que el monto en pesos de las multas propuestas dependería del valor vigente al momento de aplicarse.

¿Ya es ley?

No. Es una iniciativa que fue enviada a las Comisiones Unidas de Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica y de Estudios Legislativos Primera del Senado. Primero tendría que ser dictaminada y aprobada en comisiones, luego en el pleno del Senado y después en la Cámara de Diputados.

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¿Qué busca, en el fondo?

De acuerdo con el boletín, Zatarain García busca cerrar vacíos jurídicos y garantizar que el agua sea protegida como un bien de interés público y no como una fuente de lucro mediante actividades ilícitas.

¿Qué no dice el boletín?

No detalla qué artículos del Código Penal Federal se modificarían, cómo se coordinarían estas penas con las sanciones administrativas que ya existen en materia de aguas, ni cuál es la postura de la Comisión Nacional del Agua, de los gobiernos estatales o de otros grupos parlamentarios. Tampoco fija fechas para la discusión de la propuesta en comisiones.

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