Por Bruno Cortés
Siete mil 887. Esa es la cifra de niñas de entre 10 y 14 años que se convirtieron en madres en México durante 2025, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) citados por la senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Equivale a un promedio de 22 nacimientos cada día.
Con ese dato como punto de partida, la legisladora de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para incorporar en la ley el concepto de “embarazo infantil forzado”, según el boletín 0335 de la Coordinación de Comunicación Social del Senado, difundido este domingo 25 de octubre. Te explicamos lo más importante en preguntas y respuestas.
¿Qué es el embarazo infantil forzado, según la iniciativa?
La propuesta lo define como aquel que ocurre en niñas de 10 a 14 años, bajo la presunción de que es resultado de violencia sexual. Es decir, la ley partiría de que un embarazo a esa edad no es una decisión de la niña, sino una señal de que fue víctima de un delito.
¿Por qué la senadora dice que hace falta?
Barrales aseguró que, en México, cuando una niña de entre 10 y 14 años se embaraza, no existe un marco jurídico ni garantías específicas que la protejan, y que esa omisión tiene consecuencias jurídicas concretas porque las invisibiliza.
Advirtió que estos embarazos de ninguna manera pueden entenderse como algo normal, como una decisión propia o consentida, porque por su edad y desarrollo estas niñas están en especial vulnerabilidad frente al acoso y la violencia sexual y necesitan una respuesta inmediata de las instituciones.
¿Qué casos mencionó?
La senadora recordó que en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, una niña de apenas 10 años llegó a un hospital con un parto prematuro y complicaciones muy graves, y que en Matamoros, Tamaulipas, se atendió a una niña de 11 años con cinco meses de embarazo, producto de violencia sexual.
También mencionó que en varios casos el embarazo derivó de matrimonios de niñas de 10 y 12 años con parejas que les llevaban décadas de edad, como en El Oro y en Texcoco, en el Estado de México. Sobre esas uniones, sentenció: “de ninguna manera se puede pensar que en esas uniones hay consentimiento”.
¿Qué ley se modificaría?
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La iniciativa propone adicionar la fracción X Bis al artículo 4, un cuarto párrafo al artículo 47 y el artículo 83 Bis.
¿Qué tendrían que hacer hospitales y escuelas?
De aprobarse, las instituciones de salud, educativas y de asistencia social estarían obligadas a notificar de inmediato a la Fiscalía y a la Procuraduría de Protección cuando conozcan un caso, para activar automáticamente la investigación.
¿Qué apoyos recibirían las niñas?
La iniciativa plantea garantizarles atención integral especializada: servicios médicos y psicológicos, acompañamiento jurídico gratuito para acceder a la justicia, continuidad educativa y protección contra la revictimización. La responsabilidad de iniciar las acciones no recaería en ellas ni en sus familias.
¿Se castigaría como delito?
La propuesta incluye un artículo transitorio que da 180 días al Congreso de la Unión y a los congresos estatales para tipificar el delito de embarazo infantil forzado, a fin de que el Estado pueda sancionarlo.
“La definición del embarazo infantil forzado”, acotó la senadora, “es indispensable, porque, sin un supuesto jurídico que lo nombre, las autoridades carecen de la base legal para activar protocolos y exigir responsabilidades”.
¿Hay otras propuestas parecidas?
La protección de niñas frente a uniones forzadas y violencia sexual ha motivado otras iniciativas, como la propuesta para prohibir el matrimonio infantil por usos y costumbres, y en la capital, la reforma del Congreso CDMX que castiga de forma permanente a agresores sexuales.
¿Cuándo podría aprobarse?
No hay fecha. La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen. Después tendría que votarse en el pleno del Senado y pasar a la Cámara de Diputados.
