Por Lizbeth Lara
La renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), que será entregada este lunes 26 de octubre a la Cámara de Diputados, no cierra los expedientes abiertos en torno a su gestión. La propia funcionaria lo reconoció en su mensaje de despedida: “La decisión no releva a nadie del deber de esclarecer, con transparencia, rigor y debido proceso, los hechos que deban investigarse”.
Estas son las vías institucionales que, de acuerdo con lo reportado por diversos medios, siguen en marcha o podrían activarse.
Auditoría Superior de la Federación
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció el viernes 23 de octubre una investigación de oficio tras identificar indicios de posibles irregularidades en las contrataciones del INE, según El País. El organismo fiscalizador indicó que sus pesquisas abarcan posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos. Excélsior añadió que la revisión alcanza también a organismos públicos locales electorales.
De acuerdo con Excélsior, la propia Taddei había pedido a la ASF que volviera a auditar los contratos con las empresas señaladas. La salida de la consejera presidenta no detiene ese trabajo, que se centra en los contratos y no en la permanencia de una persona en el cargo.
Unidad de Inteligencia Financiera
Las proveedoras Cajas Graf y Corporativo ZEG han sido investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de acuerdo con El País, Excélsior y Reforma. Este último diario publicó que la UIF congeló cuentas de ambas firmas. El País precisó que se trata de un conglomerado de al menos siete empresas proveedoras de material electoral relacionadas con el empresario José Alfredo Hernández Casillas. No se ha informado públicamente de alguna indagatoria de la UIF dirigida a Taddei en lo personal.
Órgano Interno de Control
Según Excélsior, Taddei solicitó al Órgano Interno de Control (OIC) del INE investigar a exempleados de esas empresas que trabajaron en su oficina. El OIC es la instancia encargada de revisar posibles faltas administrativas de servidores públicos del instituto. Sus eventuales procedimientos sobre personal del INE pueden continuar con independencia de la renuncia.
Cofece
Reforma y Excélsior reportaron que la Comisión Federal de Competencia Económica abrió en 2024 un expediente a Cajas Graf y Corporativo ZEG por presuntas prácticas monopólicas, un frente distinto al de la gestión de Taddei pero relacionado con el mercado de materiales electorales.
Juicio político
Excélsior recordó que los artículos 109 y 110 de la Constitución incluyen a los consejeros del INE entre los servidores públicos que pueden ser sujetos de juicio político. La denuncia se presenta en la Cámara de Diputados, donde la Subcomisión de Examen Previo funciona como primer filtro; si procede, el Senado resuelve como jurado de sentencia. Las sanciones, según la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos citada por ese diario, van de la destitución a la inhabilitación.
Hasta este domingo no se tiene registro de que se haya presentado formalmente una solicitud de juicio político contra Taddei. Con la renuncia, la destitución dejaría de tener objeto, aunque la inhabilitación sigue siendo una sanción prevista en ese procedimiento.
La postura de Taddei
En el comunicado 460 del INE, Taddei calificó los señalamientos como “trascendidos, montajes, filtraciones y versiones cuya autenticidad, contexto y propósito” deben verificarse y corroborarse. Agregó que “no corresponde anticipar conclusiones” y que cada señalamiento “debe examinarse con evidencia y por las vías institucionales”. También advirtió contra el uso del combate a la corrupción “como consignas selectivas” o “instrumentos de presión”.
La exigencia de Palacio Nacional
La presidenta Claudia Sheinbaum, según El País, pidió que no exista “ninguna sombra de corrupción” en el instituto y exigió auditorías para esclarecer las acusaciones.
Presunción de inocencia
Ninguna de las instancias mencionadas ha emitido hasta ahora una resolución que acredite responsabilidad de Taddei, de sus familiares o de sus colaboradores. Los videos y audios difundidos en medios y redes no han sido validados por autoridad alguna, y El País subrayó que su contenido debe verificarse antes de establecer qué aporta a las indagatorias. Todas las personas señaladas conservan la presunción de inocencia.
