Por Lizbeth Lara La narrativa del despegue empieza en 2014. Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del Instituto Estatal Electoral de Sonora y, según la reconstrucción del 6 de noviembre de 2026, los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas ya operaban como intermediarios en organismos electorales locales. Fuentes anónimas afirmaron que ella “quiso tomar las riendas” y que el vínculo emigró al INE en 2023. Esas voces no identificadas no equivalen a prueba judicial.
Los números que acompañan esa narrativa son altos: alrededor de 2 mil millones de pesos en la trayectoria asociada. Durazo, el 5 de noviembre, en un posicionamiento titulado “La democracia no es un negocio”, habló de más de 2 mil millones entre 2014 y 2023 y de 646 millones en 2024 y 2025. El 26 de octubre, con datos de auditoría, se documentaron más de mil millones en OPLE de al menos 13 entidades para siete empresas del grupo.
Empresas clave en ese relato: Formas Finas y Materiales (familia Carranza Sordo, 1997), Cajas Graf (1993), Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY y Seriplast de México. Se habla de comisiones a funcionarios de mediano rango, de facturas infladas y de simulación de competencia tras 2015. Para 2021 se citaron más de mil millones; para la elección judicial de 2025, cerca de 200 millones con influencia del llamado “clan Taddei”.
Jesús Octavio García González aparece como eslabón entre el OPLE de Veracruz y la Dirección Ejecutiva de Administración del INE. La versión de que presentó a José Alfredo con Taddei en 2015 no pudo comprobarse, aclara el propio medio. También se señala el aumento de adjudicaciones directas frente a las licitaciones de la etapa de Lorenzo Córdova y denuncias de imprentas ante Palacio Nacional.
El otro hilo es político. Durazo nombró el 4 de agosto de 2025 a Luis Rogelio Piñeda Taddei como secretario particular y el 29 de octubre se asumió “autor intelectual involuntario” si existe un clan. Relató haber impulsado a Jorge Luis Taddei Bringas en Bienestar (2018), a Celeste Taddei en Morena y a Pablo Taddei Arriola en LitioMx tras una conversación en Bacadéhuachi; niega haber metido a Guadalupe al INE.
Un recuento con datos de transparencia sitúa sueldos familiares —incluido el de Guadalupe en el instituto— cerca de 12 millones de pesos al año. Durazo habla de méritos individuales y rechaza estigmatizar por apellido, al tiempo que pide llegar al fondo “sin privilegios”.
Separar hilos evita errores: una cosa es la red de proveedores documentada por auditorías y medios; otra, el padrinazgo político de nombramientos; otra más, tipificar delitos. Mezclar los tres planos en una sola culpa simplifica el debate y debilita la exigencia de pruebas ante la ASF, la UIF y la Fiscalía General de la República.
Hasta el 6 de noviembre de 2026 no hay, en lo revisado, confirmación de contratos de esas imprentas con el gobierno de Durazo. Esa laguna importa tanto como los montos citados —más de 2 mil millones entre 2014 y 2023 y 646 millones en 2024-2025, según el gobernador— y debe quedar explícita mientras avanzan las indagatorias.
Hechos firmes al cierre de esta nota: origen sonorense en 2014 con Taddei en el IEE; montos millonarios reportados por medios y por el propio Durazo; empresas del grupo Hernández Casillas en OPLE e INE; respaldos de Durazo a Rogelio, Jorge Luis, Celeste y Pablo; investigaciones abiertas. Pendiente: tipificación penal y nexo contractual con el Ejecutivo sonorense. Mantener esa separación evita que el seguimiento periodístico se convierta en linchamiento o en absolución anticipada antes de que la ASF, la UIF y la Fiscalía cierren hallazgos documentales.
