Por Bruno Cortés
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, presentó una propuesta de modificación al dictamen que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. La iniciativa fue respaldada por los coordinadores parlamentarios de todas las fuerzas políticas, tras reconocer la gravedad del deterioro ambiental que enfrenta el país.
Durante la sesión, Monreal explicó que la propuesta surge como una respuesta directa al incremento acelerado de la tala ilegal. Tan solo en 2020 —según los últimos datos disponibles— se perdieron casi 130 mil hectáreas de cobertura forestal por actividades ilícitas, una cifra significativamente mayor que las 91 mil 600 hectáreas acumuladas entre 2010 y 2016. El legislador subrayó que esta tendencia coloca al país en una situación crítica, con impactos que alcanzan desde ecosistemas boscosos hasta zonas marinas.
El diputado recordó que México mantiene compromisos internacionales desde 1991 al formar parte de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). No obstante, la falta de sanciones suficientemente estrictas ha derivado en observaciones y sanciones económicas al país. La propuesta legislativa busca alinearse con estándares internacionales mediante el endurecimiento de penas y la actualización de tipos penales.
Monreal también advirtió que la afectación ambiental no se limita a bosques. Enfatizó que especies en peligro extremo, como la vaquita marina, así como mamíferos y polinizadores esenciales, enfrentan presiones que comprometen sus hábitats. La degradación de los bosques en los santuarios de la mariposa monarca, por ejemplo, ha reducido su presencia migratoria en los últimos años, según reportes de organismos conservacionistas.
El legislador contextualizó el problema con una referencia histórica: en los años setenta, programas gubernamentales promovieron el desmonte masivo de terrenos forestales en Zacatecas y otros estados para convertirlos en áreas agrícolas. La iniciativa, altamente mecanizada, terminó por generar extensas zonas degradadas sin vocación productiva, lo que evidenció —dijo— las consecuencias de decisiones públicas sin enfoque ambiental.
Con esta reforma, los legisladores buscan revertir décadas de rezago y omisiones. La propuesta contempla aumentar las penas privativas de libertad y cerrar los vacíos legales que permitían a infractores evitar la cárcel mediante mecanismos procesales. Esta rigidez penal, afirmó Monreal, no contradice una visión garantista, sino que responde a la urgencia climática y a las demandas sociales de protección al ambiente.
El diputado reconoció el trabajo conjunto de José Lías Licha, Reginaldo Sandoval, Carlos Puente y Rubén Moreira en la elaboración y respaldo de las reservas presentadas. Destacó que las modificaciones se construyeron bajo consenso para ofrecer un marco jurídico robusto que responda a las condiciones ambientales actuales.
La reforma propone actualizar la legislación vigente, que llevaba más de tres décadas sin cambios sustantivos. Especialistas ambientales han señalado que la falta de actualización ha limitado la capacidad del Estado para actuar contra redes de tala clandestina y tráfico ilegal de especies, actividades que han crecido en paralelo al aumento de la demanda global de maderas y fauna silvestre.
Con este ajuste legal, el Congreso busca alinearse a los compromisos internacionales y fortalecer la protección de bosques, mares, flora y fauna silvestres. La expectativa es que el nuevo marco penal permita enfrentar con mayor eficacia delitos que han transformado paisajes completos y alterado la vida comunitaria en distintas regiones del país.
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