Nuevo León a 14 de marzo, 2024.- En el ojo de la tormenta política, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, enfrenta acusaciones de una supuesta triangulación financiera vinculada a un despacho jurídico de su propiedad. La controversia surge tras una investigación periodística que expone una serie de transacciones financieras por más de 200 millones de pesos hacia la Firma Jurídica y Fiscal de Abogados, fundada por García y su padre. En respuesta, el mandatario asegura que su gobierno permanece «incorruptible», pese a las acusaciones que apuntan hacia un presunto desvío de recursos públicos.
La investigación señala que la empresa Suministros MYR, beneficiaria de contratos gubernamentales casi millonarios, realizó pagos significativos a Productos Mexicanos JACE, que posteriormente transfirió fondos al despacho de García por servicios de administración corporativa prestados en 2017. Estas transacciones, que comenzaron a ejecutarse con el inicio de su gestión gubernamental en octubre de 2021, han levantado sospechas sobre la posible influencia del gobernador en la asignación de contratos estatales.
García, en defensa de su administración y reputación, ha emitido un comunicado puntualizando varios aspectos clave de la situación. Destaca que MYR ha sido proveedor del estado desde antes de su mandato y que la relación comercial de Productos Mexicanos JACE con su firma jurídica data de cuatro años antes de su elección como gobernador, desmintiendo cualquier implicación directa en las acusaciones de corrupción.
El gobernador también acusa a la Fiscalía del Estado de estar detrás de esta «filtración» como parte de una campaña orquestada por «la vieja política» para desprestigiarlo y ejercer presión durante el proceso electoral. Este enfrentamiento no solo pone en juego la credibilidad de García sino que también refleja las tensiones políticas y los desafíos de transparencia que enfrentan los gobiernos locales en México.
La comunidad de Nuevo León y los observadores nacionales aguardan con expectativa la evolución de este caso, que pone a prueba la fortaleza de las instituciones de justicia y la capacidad del sistema político para manejar acusaciones de corrupción de manera justa y transparente.
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