Profeco intensifica su batalla legal contra Sony por cancelaciones de PS5

CDMX a 20 de febrero, 2024.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México continúa su lucha legal contra Sony México, tras la cancelación de cientos de órdenes de la consola PlayStation 5 (PS5) que habían sido ofrecidas con un 30% de descuento en noviembre de 2020. A tres años de haberse iniciado la acción colectiva, Profeco ha hecho un nuevo llamado a los consumidores afectados para que se sumen a la demanda, reforzando su compromiso con la defensa de los derechos de los consumidores.

El 16 de febrero de 2024, Profeco utilizó su cuenta de X, la plataforma que ha reemplazado a Twitter, para invitar a los afectados a unirse a la acción colectiva contra Sony México. El mensaje publicado fue claro y directo, ofreciendo una nueva oportunidad para que aquellos que no habían podido reclamar su derecho, ahora pudieran hacerlo.

Para adherirse a la demanda colectiva, los consumidores deben cumplir con cuatro requisitos esenciales:

1. Llenar un formato de consentimiento expreso en tinta azul, proporcionado por Profeco, que incluye datos personales como la CURP y una firma autógrafa o electrónica.
2. Completar un formato de datos personales, también disponible en el comunicado de Profeco.
3. Redactar una relatoría de hechos, describiendo de manera clara y cronológica los eventos sucedidos y las compensaciones solicitadas.
4. Presentar documentos que comprueben la compra, como tickets, vouchers, estados de cuenta y transferencias, además de cualquier comunicación relevante sobre el intento de compra.

Los documentos pueden ser entregados en físico en las Oficinas de Defensa del Consumidor o enviados por correo electrónico a acolectivas@profeco.gob.mx, o a través del portal oficial de acciones colectivas.

Este caso pone de manifiesto la importancia de la vigilancia y la acción regulatoria en el mercado de bienes de consumo, especialmente en el ámbito de la tecnología y el entretenimiento. La resolución de esta acción colectiva podría sentar un precedente significativo en la protección de los consumidores frente a prácticas comerciales injustas.