Por Bruno Cortés
La nueva Ley General de Aguas volvió a encender el debate público al detallar un modelo de gestión hídrica altamente centralizado que otorga a la Comisión Nacional del Agua amplias facultades para revisar, reducir o cancelar volúmenes concesionados ante escenarios de “riesgo de disponibilidad”. El dictamen, impulsado bajo el argumento de priorizar el uso humano y doméstico, introduce mecanismos administrativos que podrían modificar la operación del campo y la relación histórica entre productores y autoridad.
El eje central de la reforma es la facultad de la Conagua para intervenir de manera directa cuando se determine que un acuífero o cuenca enfrenta presiones hídricas. Aunque la prioridad del uso doméstico está prevista en la legislación actual, la diferencia radica en que la nueva ley no establece procedimientos claros de compensación cuando se limiten volúmenes previamente asignados para actividades productivas. Para organizaciones agrícolas, este vacío normativo genera incertidumbre sobre la estabilidad de sus operaciones.
La reforma también incorpora nuevas cuotas de autosuficiencia hídrica dentro de los Distritos de Riego. Estas cuotas obligarán a los usuarios a cubrir parte del costo operativo y de mantenimiento con una estructura tarifaria que, según estimaciones internas de los propios distritos, podría impactar más intensamente a los productores pequeños, que dependen de márgenes reducidos y financiamientos a corto plazo.
Otro componente clave es la instalación obligatoria de sistemas de medición y telemetría. Estos dispositivos permiten monitorear en tiempo real el volumen extraído y su comportamiento durante el ciclo agrícola. Si bien la medida se alinea con estándares internacionales de eficiencia, productores de regiones como Sonora, Sinaloa y el Bajío señalan que los equipos, su mantenimiento y la certificación de su uso representan costos adicionales que no siempre pueden absorber. Las sanciones por incumplimiento, advierten, podrían modificar la viabilidad económica de explotaciones familiares.
En términos administrativos, la ley establece un esquema donde el Ejecutivo federal concentra las decisiones estratégicas y operativas del agua. Expertos consultados explican que esto reduce el margen de acción de los organismos de cuenca y limita la participación regional en la definición de reglas y prioridades. En estados con dinámicas hídricas complejas —como Chihuahua, Nuevo León o Baja California— esta centralización podría generar tensiones entre necesidades locales y decisiones nacionales.
El argumento del Gobierno federal para fortalecer la rectoría del recurso es la sobreexplotación documentada en más de 100 acuíferos y la urgencia de ordenar el uso del agua en sectores industriales y agrícolas. Sin embargo, especialistas en administración pública advierten que un marco sin contrapesos claros puede derivar en discrecionalidad administrativa, especialmente en procesos de reducción o cancelación de volúmenes donde no se establecen procedimientos de revisión independientes.
En la práctica, cualquier modificación al volumen autorizado altera no solo la productividad sino la planeación financiera de los usuarios. Los cultivos de exportación, la agricultura de contrato y los módulos de riego dependen de certidumbre para operar cada ciclo. Una decisión administrativa sin un camino definido para impugnar o compensar afectaciones podría impactar la competitividad de zonas agrícolas consolidadas.
Las implicaciones también llegan al mercado laboral rural. Al incrementarse los costos asociados al cumplimiento regulatorio —cuotas de autosuficiencia, telemetría, infraestructura adicional— pequeños productores podrían enfrentar barreras para mantenerse en operación. Organizaciones de usuarios han solicitado mesas técnicas para definir criterios diferenciales que no los marginen del acceso al agua ni del financiamiento para modernizar sus sistemas de riego.
El dictamen sigue en proceso legislativo y se prevén nuevos ajustes administrativos antes de su implementación. A nivel local, la expectativa es que el Gobierno federal precise reglas de operación, mecanismos de compensación y criterios de supervisión para evitar incertidumbres en sectores productivos que dependen del agua para sostener economías regionales.
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