Por Juan Pablo Ojeda
El partido Morena anunció formalmente la conformación de una comisión especial de investigación legislativa destinada a indagar el presunto fraude electoral ocurrido en el proceso federal del año 2006, tras las recientes declaraciones públicas emitidas por el expresidente Vicente Fox. La decisión fue comunicada este jueves por la coordinación parlamentaria en el Palacio Legislativo de San Lázaro, estableciendo un calendario operativo para revisar archivos históricos y testimonios vinculados al proceso comicial.
Los datos estadísticos y antecedentes documentales que servirán de base para los trabajos legislativos incluyen los registros oficiales del entonces Instituto Federal Electoral, las actas de escrutinio de los distritos electorales y los archivos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ratificaron el triunfo presidencial de Felipe Calderón por una diferencia de 0.56 por ciento de los votos.
La estructura operativa de la comisión especial estará integrada por legisladores de diversas comisiones ordinarias, quienes contarán con facultades para solicitar informes a dependencias federales, archivos nacionales y centros de investigación académica especializados en historia electoral contemporánea. Las sesiones de trabajo contemplan la recepción de peritajes técnicos sobre el sistema de cómputo de actas.
En el plano político e institucional, el anuncio ha generado reacciones encontradas entre las distintas fuerzas representadas en el Congreso de la Unión, dividiendo opiniones sobre la pertinencia jurídica y presupuestal de destinar recursos públicos a la revisión de un proceso comicial concluido hace dos décadas bajo los marcos constitucionales vigentes en ese periodo.
Los antecedentes de la transición democrática en México documentan que los comicios de 2006 representaron uno de los momentos de mayor polarización política en la historia moderna del país, derivando en reformas estructurales profundas a la legislación electoral en los años 2007 y 2008 para modificar el modelo de fiscalización y arbitraje de los procesos federales.
Las proyecciones de los grupos parlamentarios indican que el informe final de la comisión investigadora será presentado ante el pleno del Congreso antes de concluir el actual periodo ordinario de sesiones, aportando supuestos elementos documentales sobre la actuación de las instituciones del Estado mexicano durante aquel año.
La evolución de este proceso de indagación legislativa dependerá de la disponibilidad de los archivos históricos y de la cooperación de los actores políticos que participaron directamente en la contienda presidencial de 2006.
