Por Bruno Cortés
Aunque pareciera que en el Congreso todo gira en torno a elecciones, partidos y grilla, hay momentos en los que surgen iniciativas que van directo al corazón de la vida cotidiana. Esta vez, el diputado Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, puso sobre la mesa un tema que, aunque suene simple, podría tener un impacto profundo: regular el consumo de bebidas energéticas entre niñas, niños y adolescentes.
Desde sus redes sociales, Monreal soltó la bomba: presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Salud y prohibir la venta de estos productos a menores de edad. No fue un comentario al aire ni una ocurrencia del momento. Se trata de una propuesta formal que ya fue enviada a la Comisión de Salud y que busca ir al fondo del asunto: proteger a la infancia de los riesgos que implican estas bebidas.
Y es que, aunque muchos las ven como inocentes latas brillantes llenas de “energía”, la realidad es que estos productos contienen ingredientes como cafeína, taurina, guaraná y un montón de azúcares que pueden alterar el ritmo cardíaco, causar ansiedad, insomnio y hasta adicción. Peor aún, su consumo constante en menores puede generar efectos similares al de ciertas drogas, según estudios médicos y datos que el propio diputado compartió.
La propuesta no es inventada ni aislada. En Europa ya hay regulaciones claras, y otros países también han restringido su venta a menores. México, que es el país con mayor consumo de bebidas azucaradas en Latinoamérica, va tarde en este tema. Por eso, Monreal considera urgente meterle freno a lo que —con toda razón— ve como una amenaza silenciosa para la salud pública.
¿Y qué plantea exactamente la iniciativa? Que se prohíba vender, distribuir o regalar bebidas energéticas a menores de 18 años, sin importar si es en tiendas, supermercados, máquinas expendedoras o ventas en línea. También se contempla castigar a quien viole esta norma con multas de hasta dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, poco más de 200 mil pesos.
La clave aquí está en que esta reforma no busca restringir la libertad de consumo de los adultos, sino proteger a quienes aún no tienen el criterio ni la información suficiente para medir los riesgos. Es, en palabras del legislador, una medida que parte del interés superior de la niñez, un principio constitucional que obliga al Estado mexicano a tomar decisiones pensando primero en el bienestar de las y los menores.
El trasfondo es más serio de lo que parece. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que el consumo excesivo de azúcar y de sustancias estimulantes está relacionado con enfermedades crónicas como obesidad, diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares, condiciones que ya afectan a miles de niños y adolescentes en México. Y mientras seguimos discutiendo si “es culpa de los papás o del sistema”, los datos no mienten: cada vez más menores consumen estas bebidas con regularidad.
Con esta iniciativa, Monreal busca encender la conversación pública y mover a las y los legisladores hacia una política de prevención, algo que hace mucha falta en el país. Porque esperar a que los problemas exploten —cuando ya hay miles de jóvenes con problemas de salud— es lo que ha hecho que el sistema sanitario se sature y colapse.
Así que sí, puede que a algunas empresas no les guste. Puede que en redes sociales digan que es “una medida exagerada”. Pero lo cierto es que regular no es prohibir, y legislar en salud también significa tomar decisiones incómodas pero necesarias. Si esta propuesta avanza, México podría dar un paso importante para que nuestros niños crezcan más sanos, más conscientes y con menos riesgos silenciosos en su dieta diaria.
A veces, la política también sirve para cuidar. Y esta vez, todo indica que Monreal lo entendió.
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