Por Lizbeth Lara
La discusión de la Ley de Rentas en la Ciudad de México sumó un nuevo capítulo este fin de semana. Mientras el grupo parlamentario de Morena en el Congreso capitalino lanzó una campaña para recolectar firmas de respaldo ciudadano a la iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el PAN presentó ocho puntos de preocupación y reiteró que votará en contra, informó Agencia Reforma este lunes 26 de octubre.
La propuesta, formalmente llamada Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles de la Ciudad de México, fue enviada por Brugada al Congreso local el 14 de octubre. Su mecanismo central es que el aumento anual de la renta no pueda superar la inflación del año previo, y contempla la creación de una Defensoría Inquilinaria, según El Universal y La Capital Informa. Morena sostiene que esa figura reforzará lo que ya establece el Código Civil para resolver conflictos entre arrendadores e inquilinos, mientras que la oposición teme que el tope saque departamentos del mercado de renta.
Los ocho puntos del PAN contra la Ley de Rentas
Diego Garrido, vicecoordinador de la bancada panista, expuso el domingo los argumentos de su partido. Uno de los principales es que el control de precios podría reducir la oferta de vivienda en renta en la capital. “La creación de vivienda en renta no puede hacerse a costa de quienes arriesgan su propiedad al ponerla en renta, ni con cargas al ciudadano”, afirmó, citado por Reforma.
El legislador sostuvo que la iniciativa no ofrece soluciones para construir más vivienda social, impone cargas excesivas a los propietarios y reduce derechos inquilinarios. “Aunque le quieran poner el nombre de ‘Justo’, es una injusticia, porque lo que está sucediendo es que ponen más cargas al dueño, al propietario, como el registro en una plataforma, multas de hasta 46 mil pesos y también una incertidumbre jurídica total”, reclamó. Como alternativa, propuso promover la inversión pública y privada, habilitar infraestructura en zonas sin servicios y simplificar trámites para construir vivienda.
La postura no es nueva. El 22 de octubre, los coordinadores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano ya habían anunciado su voto en contra si la propuesta no se modifica, de acuerdo con El Universal. Andrés Atayde, del PAN, advirtió que así como está planteada generaría “escasez de oferta, incremento de precios e incertidumbre jurídica”; Tania Larios, del PRI, sostuvo que “no puede haber congelamiento de rentas”, y Royfid Torres, de MC, pidió más escucha a especialistas y organizaciones.
Morena va por firmas
Del otro lado, Morena presentó una campaña para reunir firmas que expresen el apoyo ciudadano a la iniciativa. Paulo García, presidente de la bancada en la Ciudad, reconoció a los movimientos contra la gentrificación como impulsores del nuevo marco legal. “Reconocemos el papel de los colectivos para empujar este tema sobre la mesa”, dijo, según Reforma.
El vocero del partido, Ángel Tamariz, lanzó una advertencia a la oposición: “Que sepan que estarán votando a favor de la gentrificación si se oponen a esta ley”. La coordinadora morenista Xóchitl Bravo ya había atribuido el rechazo opositor al “desconocimiento” del documento, según El Universal. El PVEM, aliado de Morena, no había fijado postura hasta esa fecha.
En Noticias México al Día hemos seguido el debate sobre vivienda en la capital, desde el llamado de Brugada en “Sin vivienda, no hay paz” hasta la disputa por la regulación de Airbnb en la CDMX.
Qué sigue en el Congreso
La iniciativa pasó por un proceso de parlamento abierto que, según El Universal, concluiría este fin de semana. De acuerdo con La Capital Informa, las comisiones tienen 45 días hábiles para dictaminar, con posibilidad de una prórroga por el mismo plazo, y Morena prevé llevarla al pleno durante el periodo ordinario en curso. La fecha exacta de dictamen y votación aún no se ha dado a conocer.
Para quienes rentan en la capital, lo que está en juego es si los aumentos anuales quedarán topados por la inflación y qué nuevas obligaciones tendrán propietarios e inquilinos. Para los dueños, el debate gira en torno a los registros, las sanciones y la certeza jurídica. Ambas visiones se enfrentarán en las comisiones antes de que la ley llegue, en su caso, al pleno.
