El Poder Judicial del Estado de Colima dictó el pasado miércoles el auto de vinculación a proceso contra el exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez, tras detectar presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante el periodo constitucional 2016-2021. La resolución técnica establece el inicio de una etapa de investigación complementaria que se extenderá por un plazo de cinco meses.
De acuerdo con el desglose de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el imputado enfrenta cargos por el delito de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades. Es la primera vez en la historia administrativa de la entidad que un exmandatario es sujeto a proceso penal bajo este esquema de imputaciones financieras.
La auditoría que sustenta la carpeta de investigación arrojó inconsistencias en las partidas gestionadas por la Secretaría de Planeación y Finanzas. Por estos mismos hechos, el exsecretario de dicha dependencia, Carlos Noriega García, también ha sido vinculado a proceso, compartiendo la misma responsabilidad jurídica que el exmandatario.
El juez de control determinó que el proceso se llevará en libertad, toda vez que no se acreditaron los supuestos necesarios para dictar la prisión preventiva oficiosa. No obstante, ambos imputados están obligados a comparecer ante el tribunal conforme lo dicte la agenda judicial para el desahogo de pruebas técnicas.
Peralta Sánchez, formado como economista en el ITAM y con maestría por la Universidad de Essex, contaba con un historial técnico en la Dirección de Operaciones del Banco de México entre 1993 y 2003. Su trayectoria, que incluye la subsecretaría de la SCT a nivel federal, es ahora objeto de escrutinio bajo la lupa del Poder Judicial.
La fiscal anticorrupción, Esperanza Ramírez Vela, detalló que la etapa que inicia este mes de mayo servirá para fortalecer la teoría del caso mediante peritajes contables adicionales. Durante este lapso de 150 días, la defensa podrá presentar pruebas de descargo para intentar desestimar la acusación de desvío de fondos.
Al salir de la audiencia, el exgobernador afirmó que demostrará haber actuado apegado a la ley. Sin embargo, los indicadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) mantienen el caso como un precedente operativo en la fiscalización de recursos estatales en el occidente del país.