El juez de Distrito del Centro de Justicia Penal ha ordenado la liberación de dos altos funcionarios del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, a pesar de ser encontrados en posesión de cartuchos de arma de fuego y una suma considerable de dinero en efectivo. Los implicados, identificados como Marte Antonio Camacho Solano, jefe de la Estación Migratoria de Tijuana, y Maria Elizabeth Paredes Sánchez, secretaria del delegado del Instituto de Migración en el estado, fueron arrestados tras un cateo que reveló indicios de actividades ilícitas.
El juez Óscar Saúl Cortés Ortiz, del Poder Judicial de la Federación, decretó la libertad de los acusados argumentando que su detención fue ilegal, decisión que ha sido apelada por la Fiscalía General de la República (FGR) dada la naturaleza de la evidencia recabada. Entre los hallazgos durante el operativo en el domicilio de los funcionarios, realizado el 29 de febrero de 2024, se incluyen 15 cartuchos calibre 9 mm y una suma de dinero que asciende a un millón 90 mil pesos y 27 mil dólares estadounidenses.
La operación de cateo, dirigida por agentes de la Policía Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, tuvo lugar en el fraccionamiento Villas de Santa Fe V Sección de Tijuana, dentro de una investigación enfocada en el tráfico de personas. Los detalles de esta operación, inscrita bajo la Carpeta de Investigación FED/BC/TIJ/0000550/2024, sugieren una conexión entre los funcionarios y actividades delictivas relacionadas con la migración irregular.
Marte Antonio Camacho, quien dirige la estación migratoria encargada de verificar la situación legal de extranjeros detenidos, y Maria Elizabeth Paredes, secretaria del delegado de Migración en Baja California, han retornado a sus puestos de trabajo bajo la protección judicial de Cortés Ortiz. Este hecho ha suscitado cuestionamientos sobre la integridad y el compromiso de las autoridades migratorias en la región, especialmente considerando las acusaciones de corrupción que pesan sobre el Instituto Nacional de Migración. Con un salario mensual reportado de 22 mil pesos, la situación financiera de los implicados contrasta significativamente con los montos de dinero encontrados, lo que añade una capa de sospecha sobre la procedencia de estos fondos.
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