Por Bruno Cortés
En México, cuando hablamos de carreteras, casi siempre pensamos en desarrollo, conectividad y crecimiento económico. Y claro, nadie duda de que las autopistas ayudan a mover productos, personas y oportunidades. Pero hay una cara que no siempre se ve: muchas veces, esos mismos caminos que nos acercan, también destruyen lo que está a su paso.
Esa es la preocupación que llevó al diputado Tecutli Gómez Villalobos, de Movimiento Ciudadano, a presentar una iniciativa que busca un cambio de fondo en cómo se construyen las carreteras federales. ¿La idea? Que ya no sea opcional cuidar el medio ambiente, sino una obligación legal.
Con esta reforma, se quiere que todos los proyectos de caminos, puentes y servicios relacionados tengan que cumplir, por ley, principios de sustentabilidad, respeto a los ecosistemas y a las comunidades que habitan cerca de estas obras. Nada de que el “desarrollo” sea pretexto para destruir ríos, talar bosques o desplazar pueblos.
La iniciativa propone modificar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, añadiendo una fracción al artículo 5. En palabras simples, esto obligaría a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (la SICT, como se le conoce) a trabajar de la mano con la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) para revisar, supervisar y garantizar que las obras cumplan con estos principios. Porque sí, hasta ahora esa obligación no está escrita de forma clara en la ley.
Gómez Villalobos lo dice así: no se trata de frenar el desarrollo, sino de hacerlo bien, con responsabilidad y pensando en el futuro. Porque aunque hay leyes ambientales y normas oficiales, muchas veces las grandes obras carreteras pasan sin una evaluación profunda de sus consecuencias. El resultado: selvas partidas en dos, especies desplazadas, comunidades afectadas, y a veces, ni siquiera se sabe quién se hace cargo.
La reforma también busca abrirle la puerta a la participación ciudadana, exigir transparencia en cada etapa del proyecto y que tanto autoridades como empresas concesionarias rindan cuentas. Y no solo porque es justo, sino porque es parte de los compromisos que México ha firmado con el mundo: el Acuerdo de París sobre cambio climático, la Agenda 2030 de la ONU y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Todos esos documentos piden lo mismo: desarrollo sí, pero con sostenibilidad.
El punto central es este: el diputado no está inventando el hilo negro. Lo que propone es actualizar nuestras leyes a los tiempos que vivimos, donde ya no podemos darnos el lujo de hacer obras sin medir su impacto ambiental y social. Porque las carreteras no solo cruzan montañas y ríos; también cruzan historias, formas de vida y futuros posibles.
Si esta iniciativa avanza, podría convertirse en una herramienta clave para frenar abusos, exigir responsabilidad ambiental y garantizar que el progreso no pase por encima de la naturaleza y de quienes viven en ella. Porque al final, una carretera que respeta el entorno no solo conecta mejor… también dura más.
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