Por Juan Pablo Ojeda
Elementos de la Policía Ministerial del Estado de Veracruz ejecutaron una orden de aprehensión en contra de una exregidora emanada del partido Morena, como parte de un proceso penal instruido en su contra por la presunta comisión del delito de extorsión en agravio de comerciantes e integrantes del sector productivo local.
La detención de la exservidora pública se concretó mediante un operativo táctico desplegado por la Fiscalía General del Estado en la entidad veracruzana, tras el desglose de pruebas ministeriales que acreditan la probable participación de la imputada en cobros sistemáticos de cuotas ilícitas a cambio de no clausurar establecimientos o gestionar licencias municipales.
De acuerdo con la información integrada en la carpeta de investigación correspondiente, los montos exigidos por la exfuncionaria ascendían a miles de pesos mensuales, afectando la estabilidad financiera de micro, pequeñas y medianas empresas que operan en la demarcación donde desempeñaba sus funciones de representación popular.
El juez de control a cargo de la causa penal determinó la legalidad de la detención y dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, instruyendo el traslado de la exregidora al centro de reinserción social correspondiente en tanto se desahoga la audiencia de vinculación a proceso dentro del término constitucional.
Durante el operativo de captura, agentes de la Policía Ministerial aseguraron diversos dispositivos de telefonía móvil y documentación oficial que fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su análisis pericial en el marco de las pesquisas complementarias ordenadas por el órgano jurisdiccional.
Representantes de las cámaras de comercio locales expresaron que el avance en la causa penal sienta un precedente relevante contra la impunidad y el abuso de autoridad en la administración pública municipal, exigiendo que las investigaciones se extiendan a probables colaboradores o intermediarios.
Como antecedentes normativos e institucionales, el Código Penal del Estado de Veracruz tipifica la extorsión como un delito grave que alcanza penas privativas de la libertad de hasta quince años de prisión, obligando a los órganos de procuración de justicia a actuar con rigor técnico ante cualquier señalamiento contra servidores o exservidores públicos.
