Ciudad de México, 8 de enero de 2024 – En un giro inesperado, el Congreso de la Ciudad de México ha decidido no ratificar a Ernestina Godoy Ramos como fiscal general de justicia. Esta decisión marca el final de su mandato, que concluirá el próximo 10 de enero. Este acontecimiento da inicio a un proceso de selección para su sucesor, que se regirá por estrictos procedimientos legales y temporales.
Conforme a la Ley Orgánica de la Fiscalía, la próxima acción será el nombramiento de un encargado de despacho para la fiscalía local. La ley estipula que este rol debe ser asumido por el titular de la Coordinación General de Investigación Territorial, mientras se selecciona al nuevo fiscal.
El rechazo de la ratificación de Godoy obliga a la Mesa Directiva del Congreso a notificar al Consejo Judicial Ciudadano, que deberá emitir una nueva convocatoria para seleccionar al futuro fiscal. Este consejo, con el acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros, presentará una terna de candidatos al jefe de Gobierno, Martí Batres, quien a su vez deberá proponer a uno de ellos al Congreso.
Según la ley orgánica del Congreso, Batres cuenta con 15 días naturales para enviar la propuesta a los diputados. Esta será evaluada por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso, que tendrá 24 horas para convocar a una sesión tras recibir la propuesta y un máximo de cinco días para entrevistar al candidato propuesto.
Después de la entrevista, la Comisión se declarará en sesión permanente y se reunirá al día siguiente para analizar, estudiar, discutir y votar la propuesta. Si es aprobada, volverá a la Mesa Directiva para una votación en el pleno. En caso de que el periodo ordinario haya concluido, se convocará a un periodo extraordinario de manera inmediata.
La elección del nuevo fiscal se realizará por mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los diputados presentes. Si la propuesta no es aprobada, el proceso se repetirá hasta lograr la mayoría necesaria, como lo establece la Ley.
Este procedimiento resalta el compromiso del Congreso de la Ciudad de México con la legalidad y la transparencia en el proceso de selección del fiscal, un rol crucial para el sistema de justicia de la capital.
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