Acusan al «El R1» de ordenar el asesinato de Carlos Manzo; también lo ligan con el feminicidio de Valeria Márquez

SSPC atribuye a «El R1» el crimen de Manzo y lo vincula a Valeria.

Carlos Lara Moreno

El Gobierno federal aseguró que Ramón Ángel «N», alias «El R1», presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ordenó, planeó y financió el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, mediante una red de colaboradores infiltrados en su círculo cercano para conocer sus movimientos y esquema de seguridad. Además, las autoridades lo relacionan con el feminicidio de Valeria Márquez y lo consideran uno de los principales generadores de violencia en Michoacán y Jalisco.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las investigaciones permitieron establecer que personas cercanas a Carlos Manzo entregaban información estratégica al grupo criminal, lo que facilitó la planeación y ejecución del ataque perpetrado el 1 de noviembre de 2025.

Según el Gabinete de Seguridad, Samuel «N», trabajador del Ayuntamiento y colaborador cercano del alcalde, presuntamente proporcionó datos sobre las actividades, desplazamientos y medidas de seguridad del edil a integrantes del CJNG.

Asimismo, las autoridades revelaron que mensajes intervenidos muestran que Jorge Armando «N», alias «El Licenciado», coordinador operativo del atentado, recibía reportes en tiempo real sobre la ubicación de la víctima. En una de las conversaciones, uno de los implicados refiere que había alguien que «anda al pie de la persona», en alusión a un informante que seguía de cerca al alcalde para reportar cada uno de sus movimientos.

García Harfuch sostuvo que el análisis de comunicaciones, registros telefónicos, movimientos financieros, entrevistas e intervenciones autorizadas por un juez permitió concluir que «El R1» fue quien tomó la decisión, planeó y financió el homicidio, por lo que fue identificado como el principal autor intelectual del crimen. La Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Michoacán presentarán estos elementos durante el proceso penal.

Hasta el momento, las autoridades reportan 31 personas detenidas y vinculadas a proceso por su presunta participación en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato, entre ellas autores materiales, operadores logísticos, reclutadores y colaboradores de la organización criminal.

Lo capturan tras meses de inteligencia

Como resultado de meses de trabajos de inteligencia, fuerzas especiales del Ejército y personal de la SSPC capturaron a Ramón Ángel «N» en Atotonilco El Alto, Jalisco, durante un operativo en el que también fue detenido Jesús Salvador «N», alias «El Chuy».

Durante el despliegue, integrantes del círculo de seguridad del presunto líder criminal agredieron a las fuerzas federales, lo que derivó en un enfrentamiento en el que uno de los agresores murió. Además, fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos y vehículos.

Las autoridades atribuyen a la célula encabezada por «El R1» actividades de narcotráfico, tráfico de armas, extorsión y cobro de piso contra productores de limón y aguacate, comerciantes, transportistas y ganaderos en Michoacán y Jalisco.

También lo vinculan con el feminicidio de Valeria Márquez

Durante el mismo informe, García Harfuch reveló que las investigaciones también relacionan a la organización criminal con el feminicidio de Valeria Márquez, cometido en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco.

El funcionario señaló que el caso está relacionado con Francisco «N», identificado como ex pareja de la víctima e hijo de Ramón Ángel «N», aunque aclaró que hasta el momento no existen nuevas órdenes de aprehensión ni imputaciones derivadas de ese expediente y no se precisó cuál habría sido la participación directa de «El R1» en ese crimen.

Sedena se deslinda de escuelas militarizadas

En la misma conferencia, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que la dependencia no tiene relación con las escuelas militarizadas que operan en el país y advirtió que el uso de uniformes, insignias y distintivos exclusivos de las Fuerzas Armadas sin autorización constituye un delito.

El pronunciamiento ocurre tras la muerte de la adolescente Dafne Zapata durante un curso de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Tamaulipas, caso que detonó una revisión nacional sobre este tipo de planteles.

Trevilla subrayó que la Sedena no tiene facultades para autorizar, supervisar o regular academias privadas con orientación militarizada y enfatizó que la formación militar oficial corresponde únicamente al Sistema Educativo Militar. Sus declaraciones coinciden con la decisión de la Secretaría de Educación Pública de retirar el reconocimiento oficial a escuelas militarizadas y avanzar en su cierre tras detectar que ese modelo resulta incompatible con los principios de protección de niñas, niños y adolescentes.