La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ha tomado una decisión contundente en relación con la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador del 21 de marzo pasado. En dicha conferencia, se emitieron expresiones que podrían constituir difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido y vulneración al principio de imparcialidad, según determinó el INE.
La queja, presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) contra el jefe del Ejecutivo y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), fue discutida esta mañana por las consejeras Claudia Zavala (presidenta de la Comisión), Rita Bell López y el consejero Arturo Castillo, quienes aprobaron las medidas cautelares solicitadas.
En su análisis, las consejeras señalaron que las expresiones emitidas durante la conferencia del 21 de marzo, realizada en Oaxaca y en la que participó la canciller Alicia Bárcena, estaban vinculadas a temas que no se ajustaban a las excepciones permitidas para la difusión de propaganda gubernamental constitucional.
En respuesta a esta determinación, se ha aprobado la procedencia de la tutela preventiva solicitada, con el objetivo de que el Presidente se abstenga de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos relacionados con logros, acciones o programas de gobierno que no se ubiquen en las excepciones constitucionales y legales para la difusión de propaganda gubernamental.
La Comisión señaló que esta medida es necesaria dado que se ha constatado en diversas conferencias de prensa matutinas que el presidente ha emitido manifestaciones que podrían contravenir la normativa aplicable en la materia.
Respecto a la denuncia del PAN sobre un posible uso indebido de recursos públicos e incumplimiento de medidas cautelares, los consejeros del INE indicaron que estos aspectos serán abordados en el fondo del asunto.
Esta decisión del INE representa un recordatorio de la importancia del respeto a los lineamientos legales y constitucionales en materia de difusión de propaganda gubernamental, así como del principio de imparcialidad en el ejercicio del poder público.
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