30 de marzo de 2024.-La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ha tomado medidas cautelares contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tras determinar que la conferencia matutina del pasado 21 de marzo podría constituir difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, así como vulnerar el principio de imparcialidad.
En dicha conferencia, realizada en Oaxaca y en la que participó la canciller Alicia Bárcena, se abordaron temas relacionados con estadísticas migratorias, programas sociales y la reconstrucción de un albergue para personas en situación de movilidad. Sin embargo, la Comisión del INE señaló que estos temas no se encuentran dentro de las excepciones previstas para la difusión de propaganda gubernamental constitucionalmente autorizada.
La presidenta de la Comisión, Claudia Zavala, junto con las consejeras Rita Bell López y el consejero Arturo Castillo, aprobaron las medidas cautelares solicitadas por el Partido Acción Nacional (PAN). Estas medidas incluyen la modificación o eliminación del contenido de la conferencia matutina del 21 de marzo y la prohibición para el presidente de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos relacionados con logros, acciones o programas de gobierno que no se ubiquen en las excepciones constitucionales y legales.
La Comisión también determinó la procedencia de la tutela preventiva solicitada, con el objetivo de que el presidente se abstenga de difundir propaganda gubernamental que no cumpla con las disposiciones legales correspondientes. Esta decisión se basa en la constancia de que en conferencias de prensa anteriores, el presidente emitió manifestaciones que podrían contravenir la normativa en la materia.
Por otro lado, respecto a la denuncia del PAN sobre un posible uso indebido de recursos públicos e incumplimiento de medidas cautelares, los consejeros del INE señalaron que estos aspectos corresponden al fondo del asunto y serán analizados en su momento.
Esta medida cautelar ha generado diversas reacciones en el ámbito político, con opiniones divididas respecto a la intervención del INE en la difusión de información gubernamental. Mientras algunos sectores respaldan la decisión como un paso para garantizar la imparcialidad en los procesos electorales, otros la ven como una limitación a la libertad de expresión del presidente.
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