Por Lizbeth Lara
Personal del Instituto Nacional Electoral que no declaró su participación como accionista de empresas forma parte de los hallazgos de una investigación interna que, según El Universal, el Órgano Interno de Control del organismo no ha llevado a denuncia pese a llevar más de seis meses en curso.
El diario informa que la pesquisa está relacionada con contratos presuntamente irregulares asignados a proveedores cercanos a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, y que sus hallazgos coinciden con las indagatorias de la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera.
El contralor Víctor Hugo Carvente Contreras reconoció esos elementos el 9 de septiembre, ante la Comisión de Transparencia de San Lázaro, durante la entrega del Informe Previo de Gestión y Resultados 2026.
Además de los accionistas no declarados, el funcionario mencionó depósitos bancarios recibidos por servidores públicos de parte de personas que eran proveedoras del INE, así como omisiones de ingresos por hasta 5.6 millones de pesos en declaraciones patrimoniales.
La relevancia de la participación accionaria radica en el posible conflicto de interés: El Universal había documentado previamente que la ASF identificó a 57 personas físicas que obtuvieron contratos del instituto mientras se desempeñaban como funcionarias activas.
De acuerdo con la publicación, durante la sesión de más de dos horas no hubo cuestionamientos de diputadas ni diputados sobre estos temas. El contralor destacó, en cambio, la recuperación de 138 mil 649 pesos por pagos en exceso y un ahorro de 131 mil 144 pesos en viáticos de fin de año.
Carvente detalló que en el primer semestre de 2026 se sancionó a seis servidores públicos con multas por 714 mil pesos e inhabilitaciones de hasta ocho años, por faltas como presentación de documentación falsa, abuso de funciones y nepotismo.
El titular del OIC también solicitó a los legisladores reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al afirmar que el SAT le niega información fiscal y bancaria de altos funcionarios y que, sin convenios de cruce de datos, la Contraloría está “institucionalmente incapacitada” para detectar conflictos de interés a tiempo.
El reporte añade que observadores electorales han cuestionado la independencia del contralor, a quien vinculan operativamente con Taddei, y recuerdan la reactivación en 2025 de una queja de 2021 contra los consejeros Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera.
En la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal confirmó que las investigaciones siguen abiertas por respeto al debido proceso, mientras que Elías Lixa, del PAN, anunció un punto de acuerdo para citar a comparecer al contralor.
La declaración patrimonial y de intereses es el instrumento mediante el cual los servidores públicos informan sus bienes, ingresos y vínculos con empresas, por lo que las omisiones detectadas apuntan a fallas en ese mecanismo de control.
Según el titular del OIC, la falta de acceso a datos del SAT impide contrastar esas declaraciones con la información fiscal y bancaria de los funcionarios, una herramienta con la que sí cuenta la ASF.
Lixa sostuvo que es necesario conocer qué acciones se están tomando en este momento, mientras que Monreal señaló que tras las pruebas y alegatos vendrá la resolución del OIC.
La eventual comparecencia del contralor permitiría conocer cuántos expedientes están abiertos y en qué etapa se encuentran.
El Universal reportó que el contralor también presentó ante los diputados un balance de “cuentas limpias” y finanzas sanas.
El reportaje, firmado por Antonio López Cruz, se suma a la cobertura que el diario ha realizado sobre la asignación de contratos en el INE y sobre el papel de los órganos de fiscalización internos y externos frente a esos señalamientos.
Las conductas descritas son presuntas y se encuentran en investigación; no hay hasta el momento resolución firme ni denuncias formales.
