CDMX a 9 de mayo, 2024.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha emitido una resolución definitiva sobre el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, confirmando la negativa de otorgarle el registro como candidato a diputado plurinominal. Esta decisión marca un hito en el proceso electoral y plantea importantes implicaciones para el panorama político. Acompáñanos a conocer todos los detalles sobre este acontecimiento.
La Sala Superior del TEPJF ha cerrado el capítulo sobre la candidatura de Francisco García Cabeza de Vaca, ratificando la negativa del Instituto Nacional Electoral (INE) de otorgarle el registro como candidato a diputado plurinominal. Esta decisión se basa en la conclusión de que una medida suspensiva no puede modificar los efectos de las resoluciones emitidas por la Sala Superior, las cuales son definitivas e inatacables según lo establecido por la Constitución.
El exgobernador de Tamaulipas había impugnado la decisión del INE, argumentando que su situación jurídica había cambiado y que se habían resuelto amparos a su favor. Sin embargo, el TEPJF determinó que estas medidas no pueden alterar las decisiones previas de la Sala Superior.
Durante la sesión de discusión, se enfatizó en que la negativa de registro por parte del INE estaba en concordancia con las determinaciones previas de la Sala Superior, las cuales ya habían establecido que García Cabeza de Vaca era inelegible para ser postulado a un cargo de elección popular, debido a las acusaciones en su contra por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada y lavado de dinero.
Esta resolución del TEPJF cierra un capítulo controvertido en el proceso electoral, consolidando la decisión del INE y sentando un precedente sobre la validez de las medidas suspensivas en casos similares en el futuro.
La ratificación de la negativa de registro a Francisco García Cabeza de Vaca por parte del TEPJF marca un hito en el proceso electoral y refuerza la autoridad de las instituciones electorales para garantizar la legalidad y transparencia en los comicios. Esta decisión envía un mensaje claro sobre la importancia del Estado de Derecho y el respeto a las resoluciones judiciales en el ámbito político.
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