CDMX a 16 de abril, 2024.- En una decisión reciente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reafirmado la validez de incrementar las penas en casos de robos cometidos con violencia en el transporte público. Este fallo surge de un caso en el Estado de México, donde un individuo, armado con una navaja y utilizando palabras altisonantes, robó a pasajeros en una camioneta de servicio público. Aunque originalmente condenado a 26 años y 3 meses de prisión, su pena fue posteriormente reducida en apelación.
El convicto buscó amparo contra dos fracciones del artículo 290 del Código Penal para el Estado de México, argumentando que estas disposiciones eran ambiguas y resultaban en una doble penalización por un mismo delito. Sin embargo, su solicitud fue denegada, y el fallo subraya que las circunstancias agravantes no constituyen un doble juicio por el mismo hecho, sino que reconocen la gravedad adicional de ciertos delitos por el contexto en que se cometen.
La Corte explicó que el aumento de la pena es justificado, dado que el uso de violencia moral y el contexto de transporte público elevan tanto el impacto psicológico como la amenaza a la seguridad social más allá de la simple pérdida de propiedad. El tribunal sostuvo que la legislación no es ambigua y se alinea con el principio de exacta aplicación de la ley penal, garantizando que la normativa sea comprendida de manera clara por la ciudadanía y aplicada justamente por las autoridades.
La norma especifica que la violencia moral incluye cualquier forma de intimidación, como amenazas, que busquen anular la resistencia de la víctima para facilitar el robo. Además, el concepto de transporte público de pasajeros es definido de forma explícita en la Ley de Movilidad del Estado de México, lo que proporciona un marco claro para su interpretación y aplicación.
Esta decisión de la Corte refuerza las medidas de protección para los usuarios del transporte público y subraya la seriedad con que se tratan los delitos cometidos en dicho contexto. Los magistrados han decidido mantener la sentencia, negando el amparo solicitado y afirmando el compromiso de la justicia mexicana con la seguridad y el bienestar público.
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