El Servicio de Administración Tributaria (SAT) solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar a Portacelis Gas and Oil por un presunto fraude relacionado con la importación de combustibles, que habría ocasionado un perjuicio al erario de 834 millones de pesos.
De acuerdo con una investigación publicada por N+, la autoridad fiscal detectó que la empresa habría declarado ante las aduanas un volumen de combustible inferior al que realmente ingresaba a México desde Estados Unidos.
En la denuncia presentada ante la FGR, el SAT señaló que existen “elementos para acreditar hechos constitutivos de delito fiscal”.
Portacelis obtuvo permiso para importar 52 millones de litros
Portacelis Gas and Oil fue constituida en Villahermosa, Tabasco, el 6 de agosto de 2024.
Menos de dos meses después, la Secretaría de Energía le otorgó un permiso para importar hasta 52 millones de litros de diésel. La compañía comenzó operaciones en febrero de 2025.
Según la auditoría del SAT, entre febrero y junio de 2025, Portacelis tramitó 139 pedimentos para importar diésel, gasóleo y mezclas de azufre.
La investigación señala que la documentación utilizada en las operaciones habría reportado cantidades menores de combustible respecto al volumen que efectivamente era transportado en ferrotanques.
La diferencia habría permitido, presuntamente, omitir el pago de impuestos y derechos correspondientes.
Ante las irregularidades detectadas en los controles volumétricos, el SAT canceló el sello digital de la empresa en agosto de 2025. De acuerdo con la información proporcionada, la medida fue posteriormente confirmada por un tribunal federal.
¿Cuál es el vínculo con Amílcar Olán?
La relación de Portacelis con el empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio aparece a través de su primer administrador.
En el acta constitutiva de la compañía, Juan Carlos de la Cruz Murillo figura como administrador único. Según la investigación periodística, De la Cruz Murillo ha sido identificado como contador de confianza de Olán.
Sin embargo, dejó la administración de Portacelis en diciembre de 2024, antes del periodo de importaciones revisado por el SAT.
Por ello, la denuncia presentada ante la FGR se dirige contra quienes tenían responsabilidades operativas durante el periodo en el que se detectaron las presuntas irregularidades.
El expediente citado por N+ también menciona a Miguel Ángel Aparicio Vicente y María Guadalupe León Aparicio como socios o representantes relacionados con la estructura de la empresa.
Investigan posible subdeclaración de combustible
El punto central de la investigación es la presunta diferencia entre el volumen de combustible declarado ante las autoridades y el que habría ingresado efectivamente al país.
De acuerdo con el expediente, Portacelis habría utilizado documentación con cantidades menores a las transportadas en los ferrotanques.
El SAT calculó que esta diferencia habría generado una omisión en el pago de impuestos y derechos por aproximadamente 834 millones de pesos.
El caso se suma a investigaciones periodísticas y oficiales relacionadas con posibles esquemas de “huachicol fiscal”, término utilizado para describir mecanismos de introducción o comercialización irregular de combustibles mediante la evasión de obligaciones fiscales.
Hasta ahora, los señalamientos corresponden a una investigación y a una denuncia ante la FGR; la existencia de responsabilidades penales deberá determinarse conforme avance el procedimiento correspondiente.
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