Por Bruno Cortés
Ciudad de México, 27 de octubre de 2026.— El PRI pedirá a los diputados no votar el próximo presupuesto mientras no se publique la reforma salarial, anunció el coordinador de la bancada, Rubén Moreira, quien adelantó que con ese fin promoverán una moción suspensiva. En la misma conferencia de prensa, el legislador exigió una auditoría integral al Instituto Nacional Electoral.
“Pondremos una moción suspensiva”, declaró Moreira al explicar la acción parlamentaria que su bancada promoverá durante la discusión presupuestal. Su objetivo, dijo, es que el pleno no avance en la votación del presupuesto mientras la reforma siga sin publicarse. El anuncio representa una estrategia del PRI y no implica que la discusión presupuestal vaya a suspenderse de manera automática.
El coordinador informó que presentó una nueva solicitud a la Mesa Directiva del Senado para que emita la declaratoria correspondiente y concluya el trámite de la reforma. Según expuso, la modificación ya recibió el respaldo de legislaturas estatales, pero sigue pendiente el proceso necesario para su publicación.
De acuerdo con sus cálculos, la reforma permitiría remuneraciones cercanas a 20 mil pesos mensuales para los trabajadores comprendidos. Para ilustrarlo, afirmó que hay médicos del IMSS con un salario tabular de 13 mil pesos al mes y policías municipales con ingresos promedio de entre ocho mil y nueve mil pesos. Estas cantidades son las señaladas por el diputado y no representan un aumento vigente confirmado.
Moreira reprochó a dirigentes sindicales que respaldaron públicamente la modificación y que, a su juicio, ahora guardan silencio sobre el trámite pendiente. Les pidió acompañar la exigencia para que los beneficios salariales alcancen a médicos, personal de enfermería, policías y demás trabajadores incluidos en la reforma.
Sobre el INE, el legislador sostuvo que la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del instituto no resuelve los señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones. Las investigaciones, planteó, deben esclarecer responsabilidades de quienes intervinieron en las licitaciones y determinar si hubo omisiones de los funcionarios encargados de supervisarlas.
La salida de Taddei se formalizó ante la Cámara de Diputados en medio de cuestionamientos por posibles conflictos de interés y contrataciones con proveedores del organismo. Según información publicada por El País, la Auditoría Superior de la Federación abrió investigaciones relacionadas con el caso. La existencia de esas pesquisas no equivale a una resolución de responsabilidad.
“Una investigación completa de lo que sucedió”, pidió Moreira. El diputado planteó que la revisión abarque los procedimientos y sistemas del instituto, incluido el Registro Federal de Electores, y se extienda a los 32 organismos públicos locales electorales, conocidos como OPLE.
Solicitó además esclarecer si hubo influencia indebida en la integración de los organismos electorales locales o en la selección de sus proveedores. Sus afirmaciones sobre una posible vulneración de los procesos electorales constituyen señalamientos políticos: durante la conferencia no presentó pruebas que acrediten alteraciones en boletas, credenciales o resultados.
Para el priista, las dudas sobre las contrataciones requieren medidas para recuperar la confianza rumbo a las elecciones de 2027. Por ello llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum a reconocer la gravedad de los cuestionamientos y sostuvo que el relevo en la presidencia del INE debe acompañarse de una revisión institucional.
También pidió emitir pronto la convocatoria para elegir a la nueva presidencia del instituto, y propuso que los tres partidos de oposición seleccionen a los integrantes del comité de evaluación. Se trata de su planteamiento político, no de un procedimiento aprobado o anunciado por la Cámara de Diputados.
Con estos posicionamientos, Moreira fijó dos exigencias: concluir el procedimiento de una reforma que, sostuvo, debe traducirse en mejores ingresos, y esclarecer las presuntas irregularidades en las contrataciones electorales. En ambos asuntos, reclamó que las decisiones institucionales produzcan resultados verificables para la ciudadanía.
