En medio de un clima de tensión política, el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ha levantado una serie de acusaciones contra la actual ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, relacionadas con una presunta investigación en su contra y la de su círculo cercano de colaboradores. Estas alegaciones, realizadas durante una entrevista con Joaquín López Dóriga, han desencadenado un debate sobre la imparcialidad del Poder Judicial y su relación con el ámbito político-electoral.
Según Zaldívar, la investigación en curso, iniciada por Norma Piña, tendría como propósito principal dañar la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la oposición. En sus declaraciones, Zaldívar sugiere que existe una alianza entre Piña y la candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez, alegando tener información sobre la proximidad de colaboradores de esta última con Piña.
El ex presidente de la SCJN también hace referencia a episodios anteriores en los que acusa a Norma Piña de interferir en procesos electorales. Cita un incidente ocurrido meses atrás, en el que Piña habría presionado a magistrados del Tribunal Electoral para evitar la renuncia del entonces presidente del tribunal. Zaldívar afirma que Piña amenazó a los magistrados con llevar el asunto a la Corte, y que esta intervención fue detenida gracias a la revelación de unos mensajes inapropiados enviados por Piña a uno de los magistrados.
Por su parte, Zaldívar denuncia el manejo indebido de la autoridad por parte de Piña en la investigación en su contra, argumentando que se han violado principios fundamentales como la defensa adecuada, la presunción de inocencia y la confidencialidad del proceso.
La investigación en cuestión fue iniciada por Norma Piña el viernes 12 de abril, tras recibir una denuncia anónima que acusa al equipo de Zaldívar de vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial. La denuncia señala presiones ejercidas sobre titulares de órganos jurisdiccionales, supuestamente a través de intermediarios, ofreciendo beneficios políticos y económicos a cambio de decisiones favorables.
Estas acusaciones han generado un debate sobre la integridad del Poder Judicial y su papel en el contexto político-electoral del país. Mientras tanto, la controversia sigue en desarrollo, dejando interrogantes sobre la imparcialidad y la transparencia en el proceso judicial.
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