Ciudad de México, 19 de febrero del 2024.- El Instituto Nacional Electoral (INE) ha puesto bajo la lupa a Eduardo Verástegui, aspirante a la candidatura presidencial por la vía independiente, debido a una serie de transacciones financieras cuestionables y la participación de una organización religiosa en su campaña. El consejo general del INE ha tomado medidas decisivas, solicitando a las autoridades hacendarias y financieras del país investigar los movimientos de 390 mil dólares (aproximadamente 6.9 millones de pesos) que favorecen a Verástegui, provenientes del extranjero.
La controversia no termina aquí. El INE también ha dirigido su atención hacia la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) por la existencia de propaganda a favor de Verástegui emitida por «Mundo Católico TV», una organización religiosa. A pesar de que la sanción inicial por estas irregularidades alcanzaba el 1.3 millones de pesos, la multa se redujo a 144 mil pesos, debido a los ingresos reportados por Verástegui, quien afirmó ganar 5.8 millones al año.
El consejero Martín Faz señaló la gravedad de la situación, indicando que las acciones de Verástegui podrían constituir no solo una violación de las normas electorales por aceptar aportaciones de entidades prohibidas, sino también una posible intervención extranjera en el proceso electoral, lo cual está estrictamente prohibido.
La investigación reveló que Verástegui justificó las transacciones como recursos propios, presentando extractos de una cuenta bancaria extranjera. Sin embargo, el detalle de estas transacciones y la ocultación de información financiera adicional levantaron sospechas sobre el origen real de los fondos y la intención de ocultar detalles cruciales a las autoridades electorales.
Además, se descubrió que Verástegui recibió una transferencia de 75 mil dólares de una consultora política en Miami, utilizada posteriormente para financiar su campaña de recolección de firmas en México. Esta operación financiera, junto con otra transferencia considerable de la misma empresa, plantea interrogantes sobre la capacidad económica de Verástegui y la legalidad de su financiamiento de campaña.
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