CDMX a 14 de marzo, 2024.- La tensión entre la libertad de expresión y las regulaciones electorales en México ha escalado a nuevos niveles tras la reciente orden del Instituto Nacional Electoral (INE) dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador. El organismo electoral exigió la eliminación de una entrevista concedida por López Obrador a la periodista rusa de origen español, Inna Afinogenova, del Canal Red de España, argumentando potenciales infracciones a los principios de imparcialidad y equidad durante el proceso electoral en curso.
Durante la sesión del 14 de marzo, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió que la publicación del video en las plataformas de redes sociales del presidente, incluyendo Facebook y YouTube, podría afectar la contienda electoral, dado que en ella se discuten temas relacionados con el gobierno actual y se hace mención de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial por la coalición ‘Sigamos haciendo historia’. Este hecho, según el INE, vulnera las normativas que buscan garantizar un entorno electoral justo y neutral.
La resolución ha provocado un debate público sobre los límites de la intervención del INE en las expresiones políticas y periodísticas, especialmente al considerar que el organismo no ha extendido la misma medida al Canal Red, argumentando que la entrevista constituye una «expresión de actividad periodística».
Desde Mexicali, Baja California, el presidente López Obrador respondió con desdén a la orden del INE, insinuando un sesgo en el trato hacia las voces conservadoras en comparación con medios independientes como el de Afinogenova. López Obrador, conocido por su crítica constante hacia lo que considera «censura» y «ataques conservadores», sugirió la posibilidad de impugnar la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuestionando la equidad de la medida.
Esta situación refleja la complejidad de mantener un equilibrio entre la libertad de expresión del presidente y la necesidad de preservar la imparcialidad en el periodo electoral. Además, subraya las dificultades inherentes a la regulación de contenidos en plataformas digitales y la interpretación de la normativa electoral en un contexto de medios globalizados y accesibles.
La comunidad mexicana y los observadores internacionales permanecen atentos a cómo se desarrollará esta confrontación entre la autoridad electoral y la presidencia, cuyo desenlace podría tener implicaciones significativas para la democracia y la libertad de expresión en México.
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