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Dos de los tres oficiales vinculados al homicidio de un estudiante normalista en Chilpancingo se entregan a la FGR

Chilpancingo a 14 de marzo 2024.- En un significativo avance en la búsqueda de justicia para los estudiantes de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) ha detenido a dos policías estatales de Guerrero implicados en el trágico asesinato de Yanqui Rothan Gómez Peralta. El estudiante de la emblemática normal rural de Ayotzinapa fue asesinado el pasado 7 de marzo en un retén policial en Chilpancingo, Guerrero, desencadenando una ola de indignación y llamados a la justicia a nivel nacional e internacional.

 

Los detenidos, identificados únicamente como Francisco “N” y Sigifredo “N”, formaban parte del “Grupo Centauro” de la policía estatal, una unidad de reacción inmediata. Tras entregarse voluntariamente, los agentes fueron puestos a disposición judicial, marcando un hito en el esfuerzo continuo por esclarecer los actos de violencia y las desapariciones que han plagado a la normal de Ayotzinapa y sus estudiantes.

 

Este caso, que atrajo la atención de la FGR el 9 de marzo, resalta la persistente problemática de la impunidad y los abusos cometidos por fuerzas de seguridad en México. La muerte de Yanqui Rothan Gómez Peralta no solo es un recordatorio del peligro que enfrentan los estudiantes y activistas en el país, sino también un llamado a la acción para garantizar la rendición de cuentas y la justicia.

 

La ejecución de las órdenes de aprehensión se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública estatal en Chilpancingo, donde los agentes se encontraban detenidos. La FGR ha dejado claro que continúa la búsqueda de un tercer agente, David «N», señalado como responsable directo del asesinato y actualmente prófugo.

 

Este desarrollo es un rayo de esperanza para las familias y compañeros de los estudiantes de Ayotzinapa, quienes han luchado incansablemente por justicia ante la desaparición de 43 normalistas en 2014 y otros actos de violencia relacionados. La comunidad internacional sigue de cerca estos acontecimientos, esperando que sean el preludio de un cambio real en el tratamiento de los derechos humanos y la seguridad ciudadana en México.

 

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