CDMX a 11 de abril, 2024.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido escenario de un tenso intercambio entre dos de sus ministros, Lenia Batres Guadarrama y Luis María Aguilar Morales. Este desencuentro subraya las complejidades y el rigor del proceso judicial al más alto nivel en México, especialmente en casos que resuenan en la conciencia pública, como el trágico incidente del socavón en el Paso Exprés de la autopista México-Cuernavaca en 2017, que cobró la vida de dos personas.
El conflicto emergió tras la presentación de un proyecto por parte de la ministra Batres Guadarrama, que buscaba revocar el amparo concedido a José Luis Alarcón López, exdelegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, implicado en el mencionado socavón. La mayoría de los ministros de la Segunda Sala, incluida la ministra Yasmín Esquivel, votaron en contra de la propuesta, lo que resultó en su reasignación al ministro Aguilar Morales para la elaboración de un nuevo proyecto.
La discordia se intensificó cuando Aguilar Morales presentó sus observaciones al proyecto fuera del tiempo esperado, lo que provocó la reacción de Batres Guadarrama, quien enfatizó la necesidad de recibir dichas observaciones con antelación para su adecuada integración. El intercambio, captado durante la sesión de la Segunda Sala, revela no solo las tensiones inherentes al trabajo de la Corte sino también la importancia del diálogo y la colaboración entre sus miembros.
Esta disputa subraya la trascendencia de los procedimientos internos de la SCJN, particularmente en casos de gran relevancia social y legal. La elaboración y revisión de proyectos dentro de la Corte son fundamentales para garantizar la justicia y el derecho a un juicio justo, principios que deben prevalecer por encima de cualquier desacuerdo personal entre los ministros.
Este episodio también resalta la responsabilidad que recae sobre la SCJN, la cual, más allá de resolver disputas legales, debe establecer precedentes y directrices claras que refuercen la confianza de la ciudadanía en sus instituciones judiciales. La integridad y eficiencia del máximo tribunal del país son cruciales para el fortalecimiento del Estado de Derecho en México.
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