CDMX a 11 de marzo, 2024.- En un giro significativo en la narrativa que rodea la trágica muerte de Yanqui Rothan Gómez Peralta, estudiante de la Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó abuso de autoridad por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Guerrero. Este reconocimiento por parte del máximo mandatario marca un paso crucial en la búsqueda de justicia y verdad en uno de los casos que ha conmocionado al país.
Durante su conferencia matutina, López Obrador desmintió las versiones preliminares que apuntaban a un enfrentamiento armado entre el joven y la policía, subrayando que Gómez Peralta fue víctima de abuso de autoridad. Esta aclaración presidencial pone de manifiesto la voluntad del gobierno de enfrentar la impunidad y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.
La determinación del presidente de atraer la investigación a nivel federal y su promesa de no permitir la impunidad en este caso, envía un mensaje de solidaridad a los familiares de la víctima y a la sociedad mexicana, reafirmando el compromiso de su administración con los derechos humanos y la justicia.
El asesinato de Gómez Peralta en Chilpancingo y la implicación de las fuerzas del orden estatal han reavivado el debate sobre la violencia institucional y la necesidad de una reforma profunda en los cuerpos de seguridad. Este caso, aunque distinto, resuena con el doloroso recuerdo de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014, un caso que sigue exigiendo respuestas y justicia.
El presidente anunció que los policías involucrados ya están detenidos y a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), evidenciando una acción rápida por parte de las autoridades. Sin embargo, López Obrador también destacó la importancia de distinguir entre este incidente y el caso de los 43 desaparecidos, aunque ambos subrayan problemas sistémicos de abuso de autoridad.
En medio de estos desarrollos, López Obrador planea reunirse con los padres de los 43 normalistas, buscando un diálogo directo sin la presencia de abogados o representantes de organizaciones de derechos humanos, una decisión que ha generado controversia y debate sobre el papel de estos actores en las investigaciones de derechos humanos.
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