CDMX a 4 de marzo, 2024.- En un contexto marcado por la violencia política, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresó su condena por el asesinato de Alfredo González Díaz, candidato del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de Atoyac, Guerrero. Este trágico evento, ocurrido la tarde del domingo cuando González Díaz se encontraba en su automóvil, ha reavivado el debate sobre la seguridad de los candidatos políticos en el país.
Alfredo González Díaz, cuya carrera incluía roles como docente y asesor legislativo, fue atacado a balazos, provocando su muerte instantánea. Este hecho no solo representa una pérdida humana y política sino que también subraya los desafíos de seguridad que enfrentan los candidatos en México. Hasta la fecha, más de 20 políticos han sido asesinados en el marco del actual proceso electoral, según datos de la consultora Data Int.
En respuesta a esta creciente violencia, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ha implementado medidas de protección para los candidatos en riesgo, incluyendo escoltas personales proporcionadas por el Ejército y la Guardia Nacional. Sin embargo, estas medidas se aplican bajo criterios específicos de amenaza y riesgo.
La situación de violencia en México ha captado la atención internacional, con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresando preocupación por la seguridad de los candidatos y el proceso electoral. AMLO, por su parte, ha criticado estas observaciones, argumentando que su gobierno trabaja activamente para garantizar la seguridad de todos los candidatos, independientemente de su afiliación política. El presidente también ha señalado la manipulación mediática en torno a la violencia en México, refiriéndose específicamente a la controversia del hashtag #narcopresidente.
Este asesinato y la respuesta gubernamental subrayan la necesidad urgente de abordar la violencia política en México. Mientras el país se prepara para una jornada electoral histórica, con más de 20 mil cargos en juego, la seguridad de los candidatos y la integridad del proceso electoral se han convertido en temas de preocupación nacional.
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