En un giro que sacude los cimientos de la política local en Sonora, Claudia Lizárraga, directiva de radio en Guaymas, ha destapado una solicitud monetaria escandalosa por parte de líderes de Movimiento Ciudadano.
Según Lizárraga, se le pidió una contribución de 7 millones de pesos para financiar la campaña a la Alcaldía, una cifra que pone en tela de juicio la ética y las prácticas dentro del partido. Movimiento Ciudadano, conocido por su activismo en Sonora y por atraer a figuras previamente afiliadas al PRI, se encuentra en el ojo del huracán tras estas revelaciones.
La situación se agrava al recordar el trágico destino de Abel Murrieta Gutiérrez, candidato a la alcaldía de Cajeme por este mismo partido, quien fue asesinado en un ataque armado en mayo de 2021. Murrieta, exfiscal General de Justicia del Estado de Sonora, era conocido por su lucha contra el crimen organizado, lo que llevó a especular que su asesinato fue un ataque directo a la democracia en Sonora.
La solicitud de 7 millones de pesos a Lizárraga, junto con la exigencia de atacar a candidatos opositores, pinta un cuadro preocupante de las estrategias políticas en juego.
Lizárraga, con más de 30 años de experiencia en el medio, se negó a participar en una campaña que consideró contraria a sus principios, destacando su deseo de mantenerse alejada de conflictos y enfocarse en propuestas constructivas.
Este incidente no solo arroja luz sobre las presiones y exigencias financieras exorbitantes en el ámbito político local, sino que también resalta los riesgos y desafíos que enfrentan aquellos que buscan cambiar el status quo.
La muerte de Murrieta y las declaraciones de Lizárraga son un recordatorio sombrío de las sombras que aún acechan en la política de Sonora, donde la democracia parece estar bajo asedio tanto por la violencia como por las prácticas cuestionables dentro de los partidos.
En este contexto, Movimiento Ciudadano debe enfrentar serias interrogantes sobre sus métodos y la seguridad de sus candidatos.
La comunidad de Sonora y los observadores de la política mexicana estarán atentos a cómo el partido maneja estas acusaciones y si puede asegurar un proceso electoral libre de violencia y corrupción. La democracia en Sonora, y por extensión en México, depende de la transparencia, la integridad y la seguridad de sus procesos políticos.
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