Tres años después del trágico colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, que resultó en la pérdida de 26 vidas, los familiares de las víctimas han anunciado la presentación de nuevas denuncias y demandas con el objetivo de evitar que el caso quede en la impunidad.
La acción legal incluye una reclamación patrimonial y acusaciones contra funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, además de una denuncia ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México contra partidos políticos por la supuesta explotación política del suceso.
El letrado que representa a las víctimas, Teófilo Benítez Granados, explicó que entre los pasos a seguir se encuentran exigir compensación por los daños patrimoniales sufridos, además de impulsar una denuncia ya interpuesta en la Contraloría.
Señaló que esta última ha experimentado retrasos debido a presuntos vínculos de protección hacia funcionarios anteriores de la administración capitalina, comprometiendo el avance del proceso legal. Benítez Granados se comprometió a presentar quejas pertinentes para agilizar estos procedimientos.
La reciente audiencia del Tribunal Superior de Justicia marcó un momento clave en el proceso judicial relacionado con el colapso de la Línea 12 del Metro de Ciudad de México, al anunciarse el deceso de Leonardo Alcázar Pancardo, quien se desempeñaba como director responsable de obra. Según los procedimientos legales, la defensa solicitó formalmente la conclusión del proceso en su contra debido a su fallecimiento.
El trágico evento ocurrido el 3 de mayo de 2021, cuando un segmento elevado de la Línea 12 se derrumbó entre las estaciones de Olivos y Tezonco, tuvo consecuencias devastadoras: 26 personas perdieron la vida y varias resultaron heridas. Este incidente no solo causó una pérdida humana significativa, sino que también desató una serie de interrogantes sobre la seguridad y gestión de la infraestructura de transporte en la capital.
En medio de conmemoraciones y recordatorios, Nancy Ramírez, una sobreviviente del accidente, expresó durante una ceremonia religiosa su decepción ante lo que percibe como un olvido por parte de las autoridades.
Señaló a organismos como el gobierno local, la fiscalía capitalina, el Poder Judicial y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, acusándolos de no proporcionar apoyo suficiente para enfrentar las secuelas físicas y psicológicas del siniestro.
A tres años de este desafortunado suceso, la demanda de respuestas y responsabilidad continúa vigente. La sociedad civil, junto con los afectados, espera acciones concretas que no solo castiguen a los culpables, sino que también impidan que tragedias similares ocurran en el futuro.
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