Morena niega persecución política en el caso Ruffo

Ciudad de México.— El grupo parlamentario de Morena convirtió el proceso penal contra Ernesto Ruffo Appel en un nuevo frente de confrontación con el PAN. Su vocero en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, rechazó que la detención del exgobernador de Baja California responda a una persecución política y sostuvo que el expediente deriva de una investigación de más de un año.

Durante una conferencia de prensa celebrada este 22 de julio, Ávila afirmó que la indagatoria involucra al Servicio de Administración Tributaria, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera. También señaló que existen más personas investigadas, entre empresarios y agentes aduanales.

Ruffo fue detenido el 16 de julio por su presunta participación en una red de contrabando de combustible relacionada con Ingemar, empresa de la que es accionista. La FGR le imputa delincuencia organizada y delitos vinculados con hidrocarburos. Un juez le impuso prisión preventiva junto con otros siete acusados mientras continúa el proceso judicial. Ruffo debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia definitiva.

Las cifras del expediente

Ávila atribuyó al caso un daño aproximado de 4 mil 600 millones de pesos y relacionó la investigación con el aseguramiento de más de 15 millones de litros de combustible transportados en 129 carrotanques en Coahuila.

Sin embargo, información más reciente sobre el expediente, publicada este miércoles, calcula que la red habría movilizado más de 800 millones de litros durante 15 meses y ocasionado un daño fiscal cercano a 5 mil 400 millones de pesos. La diferencia entre ambas cantidades requiere una precisión de la FGR antes de presentar alguna de ellas como cifra definitiva.

El discurso del legislador también dejó pendiente una aclaración sobre la participación empresarial de Ruffo. Ávila lo llamó “socio mayoritario”, pero posteriormente mencionó que poseía alrededor del 30% de las acciones. La defensa sostiene que ese porcentaje lo convierte en accionista no mayoritario y niega que haya conocido las presuntas operaciones ilegales. La estructura accionaria completa y el eventual control efectivo de la empresa no fueron mostrados durante la conferencia.

Morena es cuestionada por el resto del huachicol fiscal

La conferencia se apartó del mensaje inicial cuando periodistas preguntaron por los casos de contrabando que han involucrado a integrantes de la Marina, funcionarios aduanales y empresarios, así como por la estimación de 600 mil millones de pesos de afectaciones atribuidas al huachicol fiscal en el país.

Ávila respondió que esa cantidad corresponde a una estimación general y no a un daño acreditado dentro de una sola carpeta. En 2025, la Procuraduría Fiscal calculó en aproximadamente 600 mil millones de pesos el impacto acumulado del contrabando de combustibles, mientras que Hacienda informó que entonces solamente existían querellas formalizadas por alrededor de 16 mil millones. Son cifras de universos distintos y no deben presentarse como equivalentes.

El legislador aseguró que cualquier persona que haya violado la ley debe ser investigada, independientemente de su partido. También afirmó que la recuperación del daño deberá realizarse mediante el bloqueo y aseguramiento de cuentas, activos y recursos de los involucrados.

El PAN y la defensa de Ruffo han cuestionado el procedimiento y acusado un trato desigual frente a expedientes que alcanzan a servidores públicos o personajes cercanos al oficialismo. Morena sostiene que existen pruebas judicializadas y que el caso no fue construido para golpear políticamente a la oposición.

Más allá del intercambio partidista, la prueba para las autoridades será transparentar la ruta del combustible, el dinero, las empresas y los funcionarios involucrados. El caso no quedará esclarecido únicamente con la detención de su personaje más conocido, sino cuando se determine quiénes operaron y protegieron la red y cuánto dinero puede recuperar el Estado.