Por Bruno Cortés
Una herramienta legal contra el cobro del miedo
En un país donde la extorsión se ha vuelto el impuesto informal que miles de negocios pagan por sobrevivir, el Senado decidió afilar el lápiz legislativo. La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó una iniciativa para reformar el artículo 73 de la Constitución y facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de extorsión. Sí, después de décadas de mirar hacia otro lado mientras los criminales cobraban «derecho de piso», ahora se pretende dotar de dientes al Estado.
¿Por qué importa esta reforma?
Actualmente, la extorsión es un delito local, lo que significa que su persecución depende de autoridades estatales —muchas veces rebasadas, coludidas o simplemente ineficaces—. La reforma busca que el Congreso pueda legislar de manera uniforme en todo el país, para establecer mecanismos claros de prevención, sanción y coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales. Un mapa de ruta en lugar del caos actual.
Un consenso político poco común
En tiempos de polarización legislativa, sorprende el respaldo casi unánime a esta modificación. La extorsión no distingue colores partidistas: afecta a la señora que vende elotes en Chiapas y al empresario restaurantero en Jalisco por igual. Que Morena, PAN, PRI y MC hayan coincidido en la urgencia de legislar al respecto revela, quizá, una luz de pragmatismo en el túnel legislativo.
Las cifras que apagan el optimismo
De acuerdo con el INEGI, solo 1 de cada 100 casos de extorsión es denunciado formalmente. El miedo no se escribe con tinta oficial. Los delincuentes imponen reglas que el Estado ha sido incapaz de contrarrestar, y la impunidad —esa vieja costumbre mexicana— sigue siendo la norma. Por eso esta reforma no es una varita mágica, pero sí un buen martillo para empezar a reconstruir.
Crimen organizado: el gran elefante armado en la sala
La extorsión no es obra de ladronzuelos solitarios; es parte de un entramado criminal que financia cárteles, corrompe policías y amedrenta comunidades enteras. Esta reforma abre la puerta a una estrategia nacional, articulada y con capacidad de intervención en casos de alto impacto. El problema es que, a veces, el Estado parece más dispuesto a negociar con el elefante que a sacarlo de la sala.
¿Y luego qué?
Una vez aprobada por el pleno, la reforma deberá ser avalada por al menos 17 congresos estatales. Si se concreta, el Congreso tendrá que diseñar una Ley General en materia de extorsión. El reto no será menor: hay que definir protocolos, garantizar derechos y sobre todo, asegurar que el brazo de la ley no sea tan corto como hasta ahora.
El riesgo del centralismo mal ejecutado
Dar facultades al Congreso no garantiza milagros. Si la ley general no va acompañada de recursos, capacitación y voluntad política en los estados, será letra muerta. México está lleno de buenas intenciones archivadas. Esta reforma podría evitar ese destino si se acompaña de una implementación efectiva, respetuosa de los derechos humanos y centrada en las víctimas.
De la letra al machete
La extorsión ha convertido a miles de mexicanos en rehenes silenciosos. La reforma al artículo 73 es una oportunidad histórica para cambiar las reglas del juego. Pero si se queda en el papel, será solo otro membrete en la vitrina de promesas rotas. La ciudadanía —que ya paga el costo con miedo y con dinero— merece una respuesta institucional del tamaño de la amenaza.
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