Por Juan Pablo Ojeda
La Cámara de Diputados emitió un exhorto formal dirigido al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, para que fije una postura institucional y transparente el estatus operativo de las academias militarizadas privadas en el país. La exigencia administrativa surge tras la muerte de Dafne Zapata, una menor de 13 años ocurrida durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.
El planteamiento legislativo señala la urgencia de auditar si dicho establecimiento contaba con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) o autorizaciones de la SEP para operar bajo un régimen de adiestramiento físico e internado. La legisladora promovente enfatizó que el Ministerio Público y las autoridades educativas deben esclarecer bajo qué normatividad operan este tipo de planteles particulares en la entidad.
Los registros iniciales de la investigación indican que la menor fue ingresada al curso de verano por sus familiares y, horas más tarde, el personal directivo notificó que la estudiante se había desvanecido en la zona de sanitarios. No obstante, los dictámenes médicos preliminares y las denuncias de la familia apuntan a irregularidades en el reporte de la causa de muerte, la cual es investigada bajo el protocolo de feminicidio por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
El expediente oficial acumula testimonios sobre presuntos maltratos físicos y castigos corporales sistemáticos aplicados a los alumnos de la institución. Estos señalamientos se suman a antecedentes registrados en abril de 2025 en la Ciudad de México, donde un adolescente de 13 años perdió la vida en circunstancias parecidas en la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, evidenciando un patrón de opacidad en este sector.
A nivel nacional, el marco normativo de la SEP no especifica un protocolo técnico de supervisión para escuelas particulares con modelo de disciplina militarizada que no pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) o a la Secretaría de Marina (Semar). Esta omisión regulatoria permite que establecimientos comerciales operen bajo la figura de escuelas o campamentos de verano sin inspecciones periódicas de protección civil ni de derechos humanos.
Frente a la discrepancia de competencia entre autoridades locales y federales, la Cámara de Diputados instó a la SEP a ejecutar una revisión nacional del padrón de planteles privados con perfil militarizado. El objetivo primario es corroborar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, infraestructura y perfil profesional del personal docente y de instrucción.
La madre de la menor, Alejandra Quintos, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las autoridades de la SEP para que intervengan de manera directa en el caso, argumentando que la omisión en la fiscalización de estos centros configura una responsabilidad de carácter federal.
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