Por Bruno Cortés
La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 22 votos un dictamen que modifica la Ley de la Guardia Nacional para obligar a la corporación a integrar los mapas de incidencia delictiva locales en sus operaciones de patrullaje. La reforma al artículo 78 constitucionaliza el uso de diagnósticos, registros de focos rojos y análisis estadísticos generados por las secretarías de seguridad estatales y municipales.
El marco normativo aprobado establece que los despliegues territoriales y los patrullajes preventivos ejecutados por las fuerzas federales ya no se realizarán bajo criterios centralizados, sino con base en la georreferenciación criminal de proximidad. Esta medida técnica busca optimizar los recursos materiales y de personal de la corporación sin que esto implique la asignación de partidas presupuestales extraordinarias o costos adicionales de operación.
Los registros de incidencia delictiva del fuero común y federal serán compartidos mediante plataformas de coordinación interinstitucional estipuladas en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El diseño de la política pública busca transitar de un esquema de disuasión pasiva por presencia generalizada a uno de contención quirúrgica en cuadrantes de alta peligrosidad previamente identificados.
El dictamen técnico detalla que la desconexión operativa entre el mando central de la Guardia Nacional y las corporaciones locales reducía la efectividad de las misiones en territorio. Al no procesar la inteligencia de proximidad, las rutas de patrullaje ignoraban las dinámicas de las economías ilícitas específicas de cada municipio, restando impacto a las operaciones de vigilancia y captura.
La modificación legal incorporó una adecuación de técnica legislativa para asentar el mandato en un tercer párrafo dentro del citado artículo 78 de la ley reglamentaria. Esta precisión formal previene controversias constitucionales u omisiones jurídicas al momento de publicar el decreto en el Diario Oficial de la Federación, garantizando la consistencia del andamiaje normativo.
El procesamiento de datos delictivos locales no modificará el régimen de mando ni la cadena de custodia de la Guardia Nacional, la cual permanece supeditada a las autoridades de la federación. La reforma se limita a normar un criterio de consulta obligatoria de insumos informativos, salvaguardando la autonomía de decisión de la comandancia de la corporación.
Al concluir el desahogo del orden del día, la presidencia del órgano legislativo convocó formalmente a los integrantes de la comisión al izamiento de la Bandera Nacional en la plaza central de San Lázaro el próximo 29 de junio a las 10:00 horas. Posterior al acto cívico, se inaugurará la muestra fotográfica conmemorativa por el séptimo aniversario del cuerpo de seguridad federal.
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