Proponen obligar a “escuelas patito” en CDMX a informar que no tienen reconocimiento oficial

La operación de instituciones educativas privadas sin Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) volvió al centro del debate legislativo en la Ciudad de México, luego de que en el Congreso capitalino se presentara una iniciativa para obligar a las llamadas “escuelas patito” a informar de forma clara y visible que sus servicios carecen de validez oficial, con el objetivo de proteger a estudiantes y familias de posibles engaños.

La propuesta fue dada a conocer en la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México y turnada a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial para su análisis y dictaminación. La iniciativa fue presentada por la diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, integrante del Partido Acción Nacional.

De acuerdo con el planteamiento, las instituciones privadas que no cuenten con RVOE deberán señalar de manera expresa, visible y legible esta condición en toda su publicidad, propaganda, plataformas digitales, documentación institucional y cualquier medio de difusión, a fin de evitar confusión entre las personas usuarias del servicio educativo.

El documento legislativo advierte que en los últimos años se ha identificado la proliferación de establecimientos que ofrecen servicios educativos desde nivel básico hasta superior sin cumplir plenamente con los requisitos establecidos en la normatividad vigente, particularmente la obtención del RVOE, lo que deriva en la emisión de certificados sin reconocimiento oficial.

Asimismo, se señala que muchas de estas instituciones utilizan redes sociales, páginas web y plataformas digitales para promocionarse y captar alumnado, además de operar esquemas de pago en efectivo o transferencias electrónicas sin la entrega de documentación contractual suficiente, lo que coloca a las familias en una situación de vulnerabilidad jurídica.

La iniciativa plantea reforzar el Artículo 82 de la Ley de Educación local para establecer no solo la obligación de informar, sino de hacerlo de manera previa a la inscripción o reinscripción, mediante una constancia firmada por madres, padres, tutores o estudiantes mayores de edad, en la que se reconozca explícitamente la falta de validez oficial de los estudios ofertados.

Dicho documento deberá incluir la identificación del programa educativo, la manifestación expresa de ausencia de RVOE, así como fecha y firma autógrafa o electrónica de quien recibe la información, con el fin de garantizar que exista evidencia del consentimiento informado por parte del usuario del servicio educativo.

La legisladora argumenta que estas medidas buscan fortalecer la transparencia en el sector educativo privado y evitar que niñas, niños, adolescentes y personas adultas cursen estudios que posteriormente puedan afectar su continuidad académica, su incorporación al mercado laboral o el ejercicio profesional.

Finalmente, la discusión en el Congreso capitalino se enmarca en la necesidad de reforzar la supervisión y la claridad informativa en la oferta educativa privada, a fin de garantizar el derecho a la educación con información veraz y verificable, según lo expuesto en el análisis legislativo del Congreso de la Ciudad de México.