Por Clara Iturbide Salcedo
La UIF congela cuentas en Sinaloa. ¿Limpieza profunda o escudo desesperado contra EE. UU.? El dinero habla y la clase política tiembla.
El escudo de soberanía (o cómo ganarle a la OFAC)
La Unidad de Inteligencia Financiera se nos adelantó. Mientras en la conferencia matutina le echan flores al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por debajo de la mesa le están cortando el oxígeno financiero. ¿Por qué tanta prisa? Sencillo: ganarle el tirón a la OFAC estadounidense. Si el Departamento del Tesoro lo mete en su lista negra, el estado entero se paraliza económicamente. Al congelar todo aquí primero, el gobierno gana tiempo, retiene el control del circo y le dice a Washington: «tranquilos, aquí nosotros lavamos nuestra propia ropa sucia».
Asunto de familia y la barredora fiscal
Pero el chistecito no es nada más para el gobernador. El Acuerdo 152/26 funcionó como barredora: agarró parejo a hijos, hermanos, al senador Enrique Inzunza y a exsecretarios de seguridad. La investigación apunta a un cochinero de empresas fantasma y prestanombres. De la noche a la mañana, esta red tiene que comprobar ante el SAT cómo es que sus centavos se multiplicaron mágicamente al amparo del poder.
El nuevo juguete de la UIF
Aquí viene lo bueno de la nueva ley: la UIF ya no necesita pedirle permiso a un juez. Detectan «operaciones sospechosas» y, de un plumazo, inmovilizan cuentas en bancos y casas de bolsa. Los implicados tienen cinco días hábiles para llorar en una audiencia y diez para comprobar que sus millones cayeron del cielo de manera lícita. Una auténtica guillotina financiera trabajando a todo vapor.
La trampa ratonera
Ojo al dato contraintuitivo: hay un oficio del 13 de mayo que ordena una «investigación exhaustiva» pero prohíbe el bloqueo inmediato en ciertos casos. En el barrio financiero, a esto le llamamos ponerle queso a la trampa. Dejan que el dinero siga fluyendo bajo vigilancia extrema para ver qué otros peces gordos saltan a salvar a la familia y así pescar a toda la red de cómplices.
¿Quién paga y quién gana en este circo?
¿Quién gana? El gobierno federal. Acusarlos de «lavado de dinero» es la salida elegante. Sancionarlos por narcos mancharía la marca institucional con el sello de «narcogobierno»; procesarlos por delitos financieros lo reduce a un desvío administrativo, salvando la cara ante Estados Unidos. ¿Y quién paga la fiesta? Los de siempre: los ciudadanos sinaloenses, que terminan asumiendo el costo del desmadre institucional y la parálisis económica que esto genera. Sinaloa ya no se gobierna desde el Palacio de Gobierno, sino desde los monitores de inteligencia financiera.