Por Renata Valdés Arizmendi
La respuesta del senador Enrique Inzunza a las acusaciones del Departamento de Justicia de EE. UU. revela una estrategia de contención que apuesta por el fuero político y el nacionalismo retórico, antes que por una defensa legal real.
Hay una regla no escrita, pero brutalmente empírica, en la intersección entre la política y el derecho penal internacional: cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York te acusa de conspirar con el cártel más poderoso del mundo, no respondes con un boletín de prensa escudado en tu propia probidad. Sin embargo, el senador Enrique Inzunza Cázarez ha decidido desafiar la gravedad de la coyuntura.
En su comunicado de este domingo, el legislador sinaloense intenta desarticular un indictment que le podría costar décadas de prisión con un despliegue de retórica insostenible. Califica las imputaciones de «mendaces», desmiente los rumores sobre su detención en California confirmando que se encuentra en su feudo sinaloense, y suelta una frase que quedará registrada en los anales del autoengaño político: «Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad».
Seamos claros sobre lo que estamos observando. La acusación desclasificada en abril por el Departamento de Justicia estadounidense (DOJ) no señala a Inzunza por una simple omisión de funciones. Lo sitúa como el arquitecto de la impunidad y la bisagra operativa entre el gobierno de Rubén Rocha Moya y «Los Chapitos». Habla de protección policial, filtración de inteligencia y millones de dólares en sobornos. No es una grilla de pasillo en el Senado; es la radiografía institucional de un narcoestado.
Es cierto, y la precisión técnica es obligada, que un indictment de un gran jurado no es una condena. Es una acusación formal basada en «causa probable», un estándar probatorio bajo donde la fiscalía presenta su narrativa sin contraparte. Inzunza goza, en estricto sentido legal, de la presunción de inocencia. Pero en política, la realidad fáctica pesa más que la presunción procesal, especialmente cuando la fiscalía neoyorquina afirma sostenerse en testigos cooperantes y registros financieros.
Ante este peso, la respuesta del senador es un manual clásico de contención narrativa oficialista. Al reducir una acusación federal de Estados Unidos a una supuesta campaña de los «medios de la derecha», Inzunza no le está hablando al juez en Manhattan; le está hablando a Palacio Nacional y a su base. Busca envolverse en la bandera de la soberanía nacional para que su supervivencia legal se convierta, por ósmosis, en una defensa del proyecto de la Cuarta Transformación.
El verdadero escudo de Inzunza, sin embargo, se lee en la letra pequeña de su comunicado. Afirma que atenderá cualquier requerimiento «que le hagan las autoridades mexicanas, conforme a sus atribuciones constitucionales». Es decir: el fuero. Mientras mantenga su escaño y la Fiscalía General de la República se mantenga inerte, el senador sabe que el tratado de extradición es letra muerta.
No es la primera vez que el exmagistrado confía en su blindaje. Su trayectoria ha estado marcada por el teflón político: sobrevivió a las denuncias de acoso sexual de la jueza Ana Karina Aragón en 2018 y ha navegado las sombras y señalamientos tras el asesinato de Héctor Melesio Cuén. Pero el Distrito Sur de Nueva York no es el Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa que él alguna vez controló. Las reglas de este tablero no se dictan localmente.
Afirmar que no contratará abogados porque su probidad es suficiente es una estrategia suicida en un tribunal federal estadounidense, lo que confirma una sola cosa: Inzunza ya decidió que su juicio no será jurídico, sino estrictamente político. El problema para el legislador, y en última instancia para el Estado mexicano, es que al Departamento de Justicia poco le importan las narrativas de la mañanera. La pregunta hoy no es si al senador le basta su probidad para mirarse al espejo en Sinaloa, sino si esa probidad imaginaria será suficiente para frenar la maquinaria judicial estadounidense cuando los tiempos políticos, inevitablemente, cambien.