La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que la Comisión de Justicia dictaminará este martes una iniciativa presentada en abril pasado para endurecer las penas contra quienes recluten a niñas, niños y adolescentes con fines delictivos.
Actualmente, el artículo 201 del Código Penal Federal establece castigos de 7 a 12 años de prisión; sin embargo, con esta reforma las sanciones se incrementarán a un rango de 10 a 20 años. La propuesta busca frenar la utilización de menores por parte del crimen organizado, una práctica que, de acuerdo con legisladores, vulnera su presente y compromete su futuro.
“Esta mayor rigidez es importante porque hemos visto cómo los jóvenes, lamentablemente, son utilizados por el crimen organizado. A esos criminales que lastiman el presente y el futuro de los jóvenes se les debe sancionar”, declaró López Rabadán en entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
La sesión de la Comisión de Justicia está programada para las 17:00 horas, y en ella se prevé que se apruebe el dictamen de manera positiva. De ser avalado, pasará al Pleno para su discusión y votación, con lo que se daría un paso clave en la protección legal de las infancias y juventudes.
La diputada del PAN subrayó que el objetivo es mandar un mensaje claro tras hechos recientes que evidencian la vulnerabilidad de los jóvenes frente a la delincuencia organizada. Mencionó que muchos de ellos “añoran una escuela, un presente y un futuro mejor”, por lo que resulta urgente rescatarlos de las redes criminales.
En paralelo, López Rabadán se refirió a la reforma a la Ley de Amparo enviada por el Senado. Confirmó que la minuta fue turnada a las comisiones de Justicia y Hacienda, donde se discutirán los alcances de los cambios, incluido el polémico artículo transitorio que aborda el principio de no retroactividad.
Sobre este punto, la legisladora precisó que diversos grupos parlamentarios han advertido que no puede eliminarse la prohibición de la retroactividad en perjuicio de los ciudadanos, pues ello contravendría la Constitución. No obstante, adelantó que serán las comisiones dictaminadoras quienes determinen si se mantiene o se elimina dicho transitorio.
López Rabadán insistió en que el proceso legislativo se conducirá con transparencia, sin “fast track”, y garantizando un debate plural en el que se escuchen todas las posturas, desde organizaciones de la sociedad civil hasta especialistas en derecho.
Finalmente, la presidenta de la Cámara de Diputados aseguró que no teme a las manifestaciones o tomas de tribuna durante el debate: “Ese es el Parlamento; se trata de fijar posiciones y escuchar. México es plural y esa pluralidad debe reflejarse en nuestras discusiones”.
Con esta doble agenda —endurecer sanciones contra corruptores de menores y analizar la reforma a la Ley de Amparo— la Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave que podría marcar un precedente en materia de justicia penal y constitucional en el país.
Deja una respuesta