La bancada de Morena impulsará durante el actual periodo legislativo tres reformas consideradas prioritarias por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum: una nueva Ley General Anticorrupción, cambios constitucionales relacionados con la doble nacionalidad para quienes aspiren a cargos ejecutivos y una Ley del IMSS-Bienestar.
La información fue dada a conocer por Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, durante la plenaria de diputados de Morena.
De acuerdo con la funcionaria, las propuestas forman parte de una agenda legislativa que busca modificar mecanismos de vigilancia del gasto público, establecer requisitos adicionales para determinados candidatos y otorgar un marco jurídico permanente al sistema de salud IMSS-Bienestar.
Nueva Ley General Anticorrupción
Una de las principales propuestas es la creación de una nueva Ley General Anticorrupción, con la que el gobierno pretende ampliar las herramientas para supervisar el uso de recursos públicos.
Alcalde explicó que el proyecto contempla herramientas tecnológicas que permitan conocer de manera prácticamente “en tiempo real” cómo se ejerce el presupuesto y cómo se realizan las contrataciones gubernamentales.
La iniciativa también plantea incorporar mecanismos de transparencia proactiva en los procesos de licitación y ampliar la apertura de información pública.
Otro de sus objetivos es fortalecer las facultades de las autoridades encargadas de actuar ante posibles actos de corrupción.
Según Alcalde, el proyecto fue trabajado durante varios meses bajo la conducción de Raquel Buenrostro, con participación del Tribunal Administrativo y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Propuesta sobre doble nacionalidad
La segunda iniciativa está relacionada con los requisitos para quienes busquen ocupar la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Alcalde confirmó que la propuesta ya fue recibida en la Cámara de Diputados y anticipó que generará un amplio debate debido a que implica modificar la Constitución.
El proyecto propone reformar tres artículos constitucionales para establecer que las personas que aspiren a alguno de esos cargos, además de ser mexicanas por nacimiento, deberán renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de registrarse como candidatas o candidatos.
La iniciativa argumenta que la medida busca garantizar la soberanía y el respeto a México.
A diferencia de las otras dos propuestas anunciadas, esta reforma requiere modificaciones constitucionales, por lo que deberá seguir un proceso legislativo distinto y contar con las mayorías necesarias para su aprobación.
Morena también busca una Ley del IMSS-Bienestar
La tercera propuesta consiste en expedir una Ley del IMSS-Bienestar para establecer un marco jurídico permanente para esta institución de salud.
De acuerdo con la consejera jurídica, el objetivo es dejar atrás un esquema construido mediante decretos presidenciales y acuerdos entre la Federación y los estados.
La nueva legislación establecería reglas para la operación del organismo, la coordinación de facultades y presupuestos, así como las condiciones que deberán cumplir las entidades federativas que busquen incorporarse al sistema.
Actualmente, IMSS-Bienestar opera en 24 entidades, según lo expuesto por Alcalde.
El gobierno federal plantea que otorgarle estabilidad jurídica, operativa y financiera permitirá consolidar el funcionamiento del sistema de atención médica para población sin seguridad social.
Sheinbaum ha enviado un centenar de iniciativas
Durante su intervención, Alcalde también destacó el número de propuestas legislativas presentadas durante los primeros dos años de la administración de Claudia Sheinbaum.
Según las cifras expuestas por la funcionaria, la presidenta ha presentado 100 iniciativas: 27 reformas constitucionales y 73 modificaciones a leyes secundarias.
Las tres propuestas anunciadas ahora se suman a la agenda que Morena pretende impulsar en el Congreso durante el actual periodo legislativo.
El avance de cada una dependerá del proceso de discusión en Cámara de Diputados y Senado, así como, en el caso de la reforma constitucional sobre nacionalidad, de las mayorías requeridas y de su eventual ratificación por los congresos estatales.



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