Por Bruno Cortés
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró en recientes declaraciones que los homicidios dolosos en el país han disminuido un 25% en los últimos nueve meses, de octubre de 2024 a junio de 2025. Esta afirmación, de acuerdo con el discurso oficial, se alinea con las cifras reportadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que desde 2018 señalan una tendencia a la baja en los homicidios, con 29,675 casos registrados en 2023, el nivel más bajo desde 2016.
Sin embargo, un análisis detallado revela que esta cifra del 25% no puede verificarse de forma independiente. Hasta el momento, los datos oficiales desglosados de 2025 no han sido publicados en los portales de transparencia ni por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que impide contrastar la información ofrecida por el gobierno federal.
Diversos analistas en seguridad y académicos especializados han señalado que si bien es posible que exista una reducción en los homicidios dolosos, la magnitud de esa disminución podría estar sobrestimada. De acuerdo con especialistas del Observatorio Nacional Ciudadano y del CIDE, las discrepancias históricas entre los datos de la SSPC y los registros del INEGI —basados en actas de defunción— generan incertidumbre sobre la veracidad de las cifras actuales.
Por otra parte, informes periodísticos recientes, como los publicados por Reforma y El Universal en junio de 2025, confirman que la violencia persiste en varias entidades del país. Estados como Guanajuato, Sinaloa, Michoacán y Guerrero continúan registrando altos índices de homicidios y enfrentamientos armados, lo que matiza el panorama de supuesta mejoría presentado por el gobierno federal.
La SSPC, por su parte, ha destacado que los esfuerzos de coordinación con las fuerzas armadas y las fiscalías estatales han permitido una reducción sostenida en la incidencia delictiva, aunque no han precisado cómo se calculó la reducción del 25% en el periodo señalado por Sheinbaum. Sin datos públicos desglosados, resulta imposible para la ciudadanía y los organismos independientes corroborar esta meta.
En el fondo del debate se encuentra el problema estructural de la falta de denuncia y el subregistro de delitos, un fenómeno que impacta no solo los homicidios sino otras tipologías delictivas. Organizaciones como México Evalúa advierten que mientras no se fortalezcan los mecanismos de registro y se transparente la información, los anuncios de éxito en seguridad seguirán siendo materia de escepticismo.
Otro punto que preocupa a los expertos es la persistencia de la violencia criminal focalizada. Las masacres, desapariciones y homicidios vinculados al crimen organizado continúan afectando a comunidades enteras, pese a la supuesta reducción en el número total de homicidios. Este fenómeno refuerza la percepción de que las cifras globales pueden ocultar realidades locales mucho más complejas.
Finalmente, si bien la administración de Sheinbaum ha mantenido la estrategia de militarización de la seguridad pública iniciada por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, los resultados concretos de este modelo siguen siendo tema de amplio debate. La falta de datos verificables no solo empaña los logros que el gobierno busca comunicar, sino que también limita la posibilidad de un análisis riguroso sobre qué medidas funcionan realmente para pacificar al país.
En resumen, aunque la presidenta celebra lo que considera un avance en materia de seguridad, la ausencia de transparencia y la disparidad entre las fuentes oficiales y las independientes generan dudas sobre la validez de los números y el verdadero estado de la violencia en México.
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