CDMX a 29 de agosto, 2025.- La petrolera mexicana Pemex anunció que reabrirá auditorías a contratos sospechosos de haber sido alterados, luego de que en Estados Unidos se presentara una denuncia contra empresarios mexicanos acusados de pagar sobornos a funcionarios de la empresa.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que las investigaciones están relacionadas con la denuncia presentada el 11 de agosto en un tribunal de Texas contra Ramón Alejandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, señalados por presuntamente pagar al menos 150 mil dólares en sobornos a cambio de contratos.
El caso también involucra a siete empresas, entre ellas Tubular Technology, Energy On Shore Services, Cimentaciones, Estructuras y Líneas, Techno Marine de México, Isa Data, Roma Energy México y Roma Energy Holding.
“Dado que se presume en la denuncia que las auditorías fueron alteradas, se tendrán que reabrir esas auditorías y revisar nuevamente”, explicó Buenrostro durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Irregularidades detectadas desde 2020
La funcionaria recordó que desde 2020 Pemex ya había detectado anomalías en contratos por 389.9 millones de pesos, lo que llevó a la cancelación de varios procedimientos de asignación y licitación. Incluso, uno de los contratos nunca se adjudicó y otro fue cerrado de manera anticipada para evitar afectaciones mayores.
Además, aseguró que México trabajará de manera conjunta con Estados Unidos para deslindar responsabilidades, aplicar sanciones y recuperar los recursos desviados.
“Todas las empresas y exfuncionarios responsables deberán responder ante la autoridad y devolver al pueblo lo que robaron”, sentenció Buenrostro.
Situación de los empresarios
Ambos empresarios enfrentan cargos por conspiración y violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés).
- Rovirosa Martínez ya compareció ante un juez en Estados Unidos.
- Ávila Lizárraga permanece prófugo de la justicia.
Cada uno podría enfrentar hasta cinco años de prisión por cada cargo, dependiendo de la resolución de un juez federal en EU.
El fiscal general adjunto interino de EU, Matthew R. Galeotti, fue tajante:
“Esta acusación debe enviar un mensaje claro de que no se tolerará a quienes enriquecen a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo”.
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