La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Juan Jesús “N”, vigilante de 24 años, por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, cuyo cuerpo fue hallado en el sótano de un inmueble ubicado en la avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez. La autoridad judicial determinó prisión preventiva justificada mientras continúan las investigaciones.
De acuerdo con la FGJ-CDMX, el imputado se desempeñaba como encargado de vigilancia del edificio al que la víctima ingresó antes de desaparecer. La institución lo señala como probable autor material del crimen, por lo que permanecerá interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte durante el proceso penal, con un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
En audiencia inicial, el Ministerio Público presentó diversos datos de prueba, entre ellos indicios biológicos y periciales que presuntamente vinculan al acusado con los hechos. Según la Fiscalía, estos elementos fueron localizados en áreas bajo su control dentro del inmueble, lo que refuerza la hipótesis de su participación directa.
Uno de los aspectos relevantes del caso es la manipulación del sistema de videovigilancia. La FGJ-CDMX documentó que las cámaras del edificio fueron desconectadas durante el periodo en que la joven ingresó, situación que coincide con la responsabilidad del vigilante de operar dicho sistema, lo que abre líneas de investigación sobre una posible alteración deliberada de evidencia.
Asimismo, peritajes señalan que en la caseta de vigilancia se localizaron herramientas tipo desarmador que podrían ser compatibles con la herida punzocortante en el tórax que provocó la muerte de la víctima. Estos objetos forman parte de la cadena de custodia y serán analizados para confirmar su relación con el crimen.
La autoridad capitalina informó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio, conforme a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estándares nacionales en materia de perspectiva de género. Esto implica la recopilación exhaustiva de pruebas y la consideración de posibles contextos de violencia contra las mujeres.
Además, la Fiscalía mantiene abiertas líneas de investigación para determinar si el imputado actuó solo o si hubo participación de terceros, así como posibles responsabilidades adicionales relacionadas con la seguridad del inmueble, incluyendo omisiones o negligencias administrativas.
El avance del caso ocurre en un contexto de exigencia social por justicia ante los feminicidios en la capital del país, donde organizaciones civiles han insistido en la necesidad de fortalecer la prevención, la vigilancia institucional y la sanción efectiva de los responsables, de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.