En un acto encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, se realizó la primera entrega del año con la incorporación de 20 mil nuevos beneficiarios de entre 57 y 59 años, alcanzando un total acumulado de 107 mil 610 personas atendidas hasta el momento, de acuerdo con datos oficiales del Gobierno capitalino.
Durante el evento, realizado en la Utopía Mixihuca, la mandataria capitalina afirmó que el programa representa un avance hacia el reconocimiento del ingreso como un derecho universal, al otorgarse sin distinción socioeconómica y con el único requisito de la edad. Esta característica, según especialistas en política social, abre el debate sobre la focalización de recursos en contextos de limitaciones presupuestarias.
El INCU forma parte de una estrategia más amplia que, según el Gobierno de la Ciudad de México, busca beneficiar a más de 2.5 millones de personas mediante distintos programas sociales. En este marco, se plantea un modelo escalonado de apoyos que inicia a los 57 años, continúa con programas para personas de 60 a 64 años y se integra posteriormente a la pensión universal a partir de los 65.
En términos operativos, el programa otorga un apoyo inicial de 2 mil pesos bimestrales, entregados de manera directa y sin intermediarios. La administración capitalina sostiene que este esquema fortalece la autonomía económica de las personas y reduce riesgos asociados a la desigualdad en edades previas a la jubilación.
El titular de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo, señaló que este programa se sustenta en el reconocimiento del derecho al mínimo vital establecido en la Constitución local. De acuerdo con el funcionario, el INCU representa la materialización de un nuevo derecho social orientado a garantizar condiciones mínimas de bienestar.
No obstante, analistas han advertido que la implementación de programas universales implica desafíos en términos de financiamiento sostenido, evaluación de impacto y coordinación con políticas federales. La referencia a antecedentes impulsados durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y su continuidad bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum refuerza el enfoque de expansión de derechos sociales, aunque también plantea interrogantes sobre la eficiencia del gasto público.
El Gobierno capitalino, por su parte, ha reiterado que el presupuesto destinado a estos programas proviene de recursos públicos y debe traducirse en derechos sociales, obras y apoyos directos. Esta postura se enmarca en una política de bienestar que busca consolidarse como eje central de la administración local.