El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México anunció la conformación de una comisión especial investigadora del Ministerio Público para revisar las acusaciones contra Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, con el objetivo de determinar si existen elementos para iniciar un proceso de destitución.
La propuesta, presentada por legisladores morenistas, señala que la funcionaria estaría presuntamente relacionada con grupos de choque que participaron en recientes protestas registradas en la demarcación, además de supuestas amenazas a comerciantes ambulantes. Diputados de Morena aseguran que estos hechos ameritan una revisión exhaustiva de la actuación de la alcaldesa.
Rojo de la Vega rechazó categóricamente las acusaciones y las calificó como una maniobra política. Señaló que se trata de un intento por removerla del cargo “porque no pudieron derrotarla en las urnas”, y reiteró que la denuncia carece de sustento jurídico y pruebas contundentes.
El anuncio se da en un contexto de creciente tensión política, pues los legisladores de Morena también buscan la destitución del alcalde Mauricio Tabe Echartea, a quien acusan de organizar y financiar manifestaciones violentas en Miguel Hidalgo. Ambos casos, afirman los diputados, forman parte de una estrategia para frenar prácticas irregulares en las alcaldías opositoras.
Durante su reciente comparecencia en el Congreso capitalino, Rojo de la Vega sostuvo un intercambio ríspido con diputados de Morena, quienes cuestionaron su presunto vínculo con grupos de choque. La alcaldesa exigió a sus acusadores que presenten pruebas y afirmó que no ha destinado recursos públicos para financiar movilizaciones.
De acuerdo con información del Congreso capitalino, la comisión investigadora se integrará en los próximos días y tendrá la facultad de revisar testimonios, documentos y denuncias relacionadas con los hechos. Una vez concluido el análisis, emitirá recomendaciones que podrían derivar en sanciones administrativas o en un proceso formal de destitución.
La jefa edilicia aseguró que continuará su labor al frente de la alcaldía y que no permitirá que “la fabricación de pruebas” influya en el ejercicio de gobierno. También adelantó que emprenderá acciones legales si se vulneran sus derechos políticos.
Fuentes institucionales indican que el proceso podría extenderse varias semanas, dependiendo del volumen de información recopilada por la comisión y de la participación de la Fiscalía capitalina en la integración de los expedientes.
La disputa política entre Morena y las alcaldías de oposición ha marcado la agenda legislativa reciente, y se espera que la investigación contra Rojo de la Vega incremente el debate sobre el uso político de mecanismos de control legislativo en la capital.
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