Una modificación estructural al marco legal de rendición de cuentas permitirá a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) iniciar investigaciones por faltas administrativas graves de manera autónoma, de oficio o por denuncia ciudadana, desvinculando la persecución de irregularidades de los calendarios anuales de la Cuenta Pública.
El núcleo de la reforma aprobada en el Palacio Legislativo de San Lázaro exige la transparencia absoluta en la cadena de gasto a través del nuevo Sistema Nacional de Registro de Información. Los entes gubernamentales estarán obligados a transparentar el uso del erario hasta llegar a los beneficiarios finales de los recursos y participaciones federales.
La legislación abre una vía directa para el escrutinio civil. El documento establece que cualquier persona física o moral podrá presentar denuncias sobre el manejo de fondos públicos mediante los canales de comunicación y las plataformas técnicas que la propia ASF deberá habilitar.
Históricamente, las investigaciones de la Auditoría se limitaban al ejercicio fiscal en curso o a auditorías programadas, lo que generaba ventanas de opacidad temporal. Con estas modificaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la dependencia podrá intervenir y recabar pruebas documentales apenas se detecte una presunta anomalía operativa o financiera.
Para fortalecer el rastreo del dinero que la federación transfiere a estados y municipios, el congreso habilitó la firma de convenios de colaboración. Las auditorías estatales operarán como extensiones en el terreno para la verificación y revisión documental de los recursos transferidos, agilizando el flujo de evidencia hacia las autoridades centrales.
La reforma dota a la ASF de capacidad procesal ampliada, permitiéndole presentar denuncias formales ante tribunales administrativos de manera directa si advierte ilícitos graves durante cualquier etapa del proceso de revisión o recopilación de datos, agilizando el paso de la observación técnica a la sanción administrativa o judicial.
Pese a la exigencia de crear una infraestructura digital a nivel nacional y habilitar nuevos procesos de investigación en un plazo máximo de seis meses, el Poder Legislativo determinó no asignar fondos extraordinarios para el proyecto. El órgano fiscalizador deberá absorber los costos de la modernización institucional con su presupuesto operativo actual.