Por Bruno Cortés
En los recintos del Palacio Legislativo de San Lázaro, la discusión sobre los derechos de los televidentes y radioescuchas se transformó este 31 de julio de 2026 en una abierta confrontación de visiones políticas. El punto de quiebre fue la postura asumida por la diputada federal Mónica Sandoval Hernández frente a los lineamientos aprobados por el Gobierno Federal.
El intercambio se produjo en presencia de consultores políticos, analistas e integrantes de la sociedad civil reunidos para la presentación de la obra Charlas de seguridad política, de los dirigentes de la firma Casa de Estrategia JEVA. Durante la sesión, la legisladora expuso los motivos por los cuales considera que la norma vulnera la libertad ciudadana.
«Cuando algo queremos siempre luchamos por ello y hoy no podemos permitir que nos quiten la libertad de expresarnos», declaró Sandoval Hernández ante los asistentes al evento editorial. La congresista denunció que el marco técnico busca silenciar las voces disidentes mediante mecanismos punitivos dirigidos a los concesionarios.
Por su parte, los autores del libro en discusión aportaron datos sobre cómo los grupos dominantes utilizan las leyes de comunicación para asegurar su prevalencia en las estructuras gubernamentales. Esta coincidencia metodológica fortaleció la postura de la bancada opositora respecto a la intencionalidad de la iniciativa reglamentaria.
En los pasillos de la Cámara de Diputados, las declaraciones de la congresista resonaron entre colectivos de comunicación y representantes del sector audiovisual que han manifestado su inquietud por la imprecisión de los términos incluidos en los lineamientos de las autoridades federales. La principal preocupación radica en la falta de autonomía que tendría el órgano sancionador.
Sandoval Hernández reafirmó su compromiso de actuar como un altavoz dentro del Congreso para frenar cualquier intento de control comunicacional. Subrayó que la organización colectiva ha sido la herramienta histórica de la sociedad mexicana para repeler regulaciones restrictivas emanadas del Poder Ejecutivo.
La reunión en San Lázaro cerró con un acuerdo para estructurar un frente de seguimiento parlamentario. La iniciativa buscará coordinar esfuerzos con académicos, periodistas y organizaciones de derechos humanos para promover un recurso de revisión legal ante las instancias correspondientes.
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